El Centro La Pólvora de San Roque tendrá un plazo de seis meses para incorporarse a la oferta pública de Formación Profesional de la Junta de Andalucía antes de que el Ayuntamiento avance hacia su gestión por un centro privado, con marzo de 2027 como fecha prevista para la adjudicación si la Administración autonómica no asume antes el edificio.
El inmueble fue construido con una inversión municipal superior a 1,2 millones de euros y permanece sin el uso educativo para el que fue concebido. El proyecto nació para convertir La Pólvora en una extensión del IES Carlos Castilla del Pino y ampliar así la oferta de Formación Profesional disponible en el municipio.
La propuesta contemplaba hasta seis ciclos formativos: uno de grado básico, tres de grado medio y dos de grado superior. Las especialidades estarían relacionadas con perfiles demandados por el tejido industrial de San Roque, entre ellos calderería, soldadura e instrumentación.
La elección de estas enseñanzas respondió, según el Ayuntamiento, al trabajo desarrollado con el ámbito educativo y al análisis de las necesidades de las industrias asentadas en el municipio. También se tuvieron en cuenta las nuevas actividades empresariales relacionadas con la industria, el hidrógeno verde y la actividad offshore.
El edificio terminó de construirse en febrero de 2022. Uno de los argumentos planteados inicialmente para no recepcionarlo fue la existencia de un problema constructivo que requería una actuación valorada en unos 600 euros. El defecto quedó corregido en 2023, pero el inmueble continúa desde entonces sin albergar los ciclos de Formación Profesional previstos.
Ante esta situación, el Ayuntamiento comenzará a preparar una licitación para que un operador privado pueda utilizar las instalaciones con fines formativos si finalmente no se incorporan a la red pública.
El procedimiento requerirá redactar los pliegos técnicos y jurídicos, publicarlos y estudiar posteriormente las ofertas presentadas. Las previsiones municipales sitúan la posible adjudicación en marzo de 2027.
La condición establecida es que la Junta de Andalucía dispondrá de seis meses, considerados "improrrogables" por el alcalde, para asumir el edificio. Si antes de producirse la adjudicación decide recepcionarlo y comprometer una oferta pública de Formación Profesional, el proceso para recurrir a la gestión privada quedaría aplazado.
El Ayuntamiento plantea dos posibilidades para el funcionamiento público de La Pólvora: convertirlo en una ampliación del IES Carlos Castilla del Pino, compartiendo dirección y parte de la estructura docente, o crear un instituto independiente. El objetivo municipal es que el inmueble termine teniendo un uso educativo.
En caso de recurrir a la gestión privada, el Consistorio no pretende obtener un beneficio económico por la explotación del edificio. Como la legislación obliga a establecer un canon en la licitación, la propuesta pasa por transformar ese importe en matrículas gratuitas para jóvenes de familias con menos recursos.
La cantidad planteada se situaría entre 60.000 y 80.000 euros anuales y serviría para financiar los estudios de jóvenes sanroqueños con dificultades económicas mediante becas o bonos de matrícula destinados a estudiantes derivados desde los servicios sociales municipales.
El coste medio estimado de un ciclo de grado medio se sitúa alrededor de los 5.000 euros y el de un grado superior en unos 8.000 euros. Dependiendo del canon definitivo, el sistema podría financiar los estudios de más de una docena de alumnos cada curso.
De esta manera, un edificio financiado con dinero público y concebido inicialmente para impartir formación pública podría terminar acogiendo enseñanza privada si no es asumido por la Junta, aunque el Ayuntamiento plantea que el rendimiento económico de esa fórmula revierta en estudiantes del municipio.
El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, sostiene que la situación se prolonga desde hace más de cuatro años y reclama directamente al Gobierno andaluz y a su presidente, Juanma Moreno, una decisión sobre la incorporación de La Pólvora a la red pública de Formación Profesional. Según el regidor, la propuesta ha sido trasladada durante estos años a distintos responsables autonómicos.
"Después de cuatro años de espera de un edificio que se va deteriorando del escaso uso, nos vemos obligados a esa licitación privada", señaló Ruiz Boix, que atribuyó esta decisión a la falta de respuesta de la Administración autonómica.
El alcalde considera especialmente difícil de entender que el centro continúe sin esta oferta en un municipio con una elevada concentración industrial y empresas que necesitan trabajadores con perfiles profesionales especializados.
"Espero que la Junta de Andalucía reflexione, espero que Moreno Bonilla reflexione", afirmó Ruiz Boix, que también reclamó que la actual responsable autonómica de Educación conozca la propuesta y estudie la incorporación de La Pólvora a la red pública.
El regidor insistió en que el Ayuntamiento no tiene competencias para impartir enseñanzas regladas con titulación oficial y que su capacidad de actuación en educación se limita a fórmulas de cooperación como becas, actividades extraescolares y otros programas municipales.
Ruiz Boix resumió la situación señalando que "el Ayuntamiento de San Roque quería ceder gratuitamente este edificio para una oferta pública; desgraciadamente nos vemos obligados, empujados por Moreno Bonilla, a una oferta privada".
El plazo de referencia queda así fijado en seis meses para que la Junta decida si convierte La Pólvora en un centro público de Formación Profesional. Si no lo hace, San Roque avanzará hacia una gestión privada para evitar que una inversión municipal superior al millón de euros continúe infrautilizada.
