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Irene García y Sandra García / Diputación de Cádiz

“Le he trasladado el agradecimiento de la Diputación por las medidas de protección social promovidas para paliar las consecuencias negativas de esta pandemia, desde el punto de vista de la economía y el empleo”. Ésta es una de las impresiones expresadas por la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, al término del encuentro celebrado en el Palacio Provincial con la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García. La reunión es la primera entre ambas representantes públicas; un encuentro que ya estaba programado en marzo pero que se aplazó tras la declaración del estado de alarma.

Irene García se ha preguntado “qué habría ocurrido para las empresas y los autónomos si se hubieran aplicado recetas defendidas por anteriores Ejecutivos”. Al respecto la presidenta de Diputación considera que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) “han supuesto un freno al desempleo”, mientras que otras iniciativas como la aprobación del Ingreso Mínimo Vital “hacen realidad principios como la justicia social y la solidaridad para que nadie se quede atrás”.

La presidenta de Diputación expuso a Sandra García que hay tres industrias esenciales para la provincia de Cádiz que requieren “la implicación y el acompañamiento directo del Gobierno de España: el turismo y los sectores naval y aeronáutico”. En relación al turismo demandó “el mantenimiento de los ERTE”, tal como han planteado los profesionales de esta industria, mientras que los astilleros y las factorías aeronáuticas –y todo el tejido auxiliar que suscitan- “necesitan garantía para el empleo y la carga de trabajo”.

Irene García, tal como ha reiterado durante la vigencia del estado de alarma y con ocasión de las iniciativas públicas diseñadas para compensar los estragos del coronavirus, ha reclamado el reconocimiento institucional que merecen las entidades locales. “Queremos que sean destinatarias directas” de la acción pública promovida desde el Gobierno estatal, considerando que la presencia de la Junta de Andalucía –como mediadora en programas como el de emergencia social- no ha supuesto mejora alguna en términos de eficacia en la gestión pública, en opinión de la presidenta de Diputación.

 Otra demanda reiterada ha sido la reinversión del superávit, que está limitada al 20 por ciento de su cuantía. “Se ha conocido que este margen se va a incrementar en un 7 por ciento y que podrá dedicarse a la adquisición de vehículos eléctricos no contaminantes”, ha referido Irene García, si bien ha indicado que “es aún insuficiente”. La presidenta de Diputación, tal como propugna la Federación Española de Municipios y Provincias, reclama la libre disposición del cien por cien del superávit y confía en que dicha demanda prospere “en el marco del diálogo fluido que la FEMP mantiene con el Gobierno”.

Con anterioridad a la reunión Sandra García firmó en el Libro de Honor de la Corporación Provincial. En dicho testimonio se refirió a Cádiz como “cuna del constitucionalismo”. Un valor confirmado en el obsequio que le entregó Irene García: un ejemplar de la Constitución de 1812, encuadernado por Hermanos Galván.

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