Una edificación ilegal situada en una parcelación urbanística en suelo rústico dentro de la zona de influencia de las marismas de Barbate, en el paraje Ribera de la Oliva, ha sido objeto de una acción de demolición. La construcción, que se encuentra a 500 metros adyacentes a la ribera del mar y comprende 71 lotes, fue identificada como ilegal y, en consecuencia, se han iniciado expedientes de restablecimiento de la legalidad territorial para cada lote.
La Junta de Andalucía ha emprendido esta medida basada en criterios de seguridad, salubridad y protección medioambiental, ya que muchas de las construcciones contaban con fosas sépticas y se hallan en proximidad a un espacio natural protegido. Estas acciones responden a la necesidad de evitar que los vertidos de las edificaciones ilegales afecten tanto al dominio público hidráulico y marítimo como al propio entorno de las Marismas de Barbate.
La construcción en cuestión fue inicialmente precintada por inspectores de la Junta durante su fase de construcción. Sin embargo, tras la violación del precinto y la continuación de las obras, la edificación fue finalmente completada y es utilizada como segunda residencia por propietarios empadronados en otro domicilio de Barbate. La demolición ha sido autorizada judicialmente desde febrero, confirmación que se mantuvo firme después de que no prosperara un recurso interpuesto por el abogado de la familia propietaria. La autoridad judicial, con informes de la Policía Local y los Servicios Sociales del Ayuntamiento, verificó que los propietarios residen efectivamente en otra vivienda, por lo que se desestimó la paralización de la demolición.
Este proceso se inscribe dentro del Protocolo de Colaboración firmado en 2021 por la Junta de Andalucía con los Ayuntamientos de Barbate, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera. Desde la primera intervención en diciembre de 2021, donde se precintaron los 71 lotes, las autoridades han realizado múltiples visitas para asegurarse de que se respetaban los precintos, constatando en cada ocasión que estos eran sucesivamente violados y las obras continuadas. Además, se ha informado a la Fiscalía Provincial de Cádiz de los expedientes sancionadores abiertos, destacando la coordinación con el Ministerio Fiscal.
Desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda se subraya que la construcción ilegal en suelo rústico no solo constituye una infracción territorial y urbanística, sino que también puede ser considerada un delito sobre la ordenación del territorio y urbanismo, según está establecido en el Código Penal.
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