El grupo provincial de Adelante Cádiz planteará el próximo miércoles en el pleno ordinario provincial que la Diputación se posicione en contra del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por “provocar graves perjuicios al ecosistema de la provincia y de Andalucía en general”.
En concreto, desde Adelante, señalan que a lo largo del texto del Decreto-ley 3/2021, tanto en sus disposiciones generales, como en el articulado, se hace mención a importantes aspectos medioambientales, como “mantener las garantías y controles que exige el marco normativo comunitario en cuanto a recuperación ambiental”, la “oportunidad que éstos ofrecen a la economía andaluza para avanzar en las transformaciones puestas en marcha para modernizar nuestro tejido productivo, facilitando simultáneamente las transiciones ecológica y digital” o que estos fondos “deberán ser utilizados de forma estratégica y alineada con los objetivos de garantizar la protección del medio ambiente”.
Sin embargo, “a pesar de estas declaraciones de intenciones, nos encontramos con flagrantes contradicciones y perjuicios”, como por ejemplo, la exención de un impacto de estudio ambiental, y la falta de justificación de circunstancia excepcional alguna para cualquier actividad extractiva, de explotación forestal o de suelo cultivable, tal como reconoce la disposición adicional tercero del Decreto-ley.
En esta línea, el punto tercero de dicha disposición añade que el Consejo de Gobierno, podrá excluir un proyecto determinado de la evaluación ambiental cuando su aplicación pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto. “Esto es profundamente lesivo para los intereses generales en cuanto a defensa del medio ambiente, agravado por su evidente intención de hacer prevalecer los intereses de cualquier proyecto sobre los impactos negativos o nefastos que pudiera tener para el medio ambiente”.
Otra de las incoherencias y peligros que detecta Adelante Cádiz en dicho decreto, se localiza en la disposición final octava, que recoge una modificación del apartado 2 del artículo 53 de la Ley 8/2018 de 8 de octubre de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. Esta ley, que entró en vigor el 15 de enero de 2019, daba al Consejo de Gobierno andaluz dos años de plazo para la elaboración del reglamento que desarrollase la organización y funcionamiento del Registro de la huella de carbono de productos y servicios. Pues, el plazo finalizó el 16 de enero del presente año sin estar aprobado dicho Reglamento, de forma que ahora, esta disposición en el Decreto-Ley 3/2021, elimina el plazo de dos años y prorroga a seis meses desde su aprobación, la necesidad de incluir en los pliegos de cláusulas la necesidad de disponer de la huella de carbono de los productos, servicios y suministros objeto de las licitaciones en el correspondiente registro. “Esto no solo supone una irregularidad evidente, si no que está totalmente en discordancia con las líneas que, en el ámbito de la regulación de la huella de carbono, está imponiendo la Unión Europea”. De igual forma, “esta anomalía puede provocar graves perjuicios a los proyectos aprobados bajo esta desregulación, pudiendo convertirlos en inviables a corto y medio plazo, sobre todo tras el conocimiento de que uno de los próximos métodos de financiación que ha anunciado la Comisión Europea está basado en la compensación en frontera de las emisiones de carbono”.
Otro aspecto importante que destacan es “la dudosa constitucionalidad del Decreto-ley 3/2021 en tanto en cuanto no deja de significar una reducción de trámites de garantía medioambiental”. “Entendemos que la Junta no ostenta competencias que permitan una relajación o desregulación de medidas en materia de protección del medio ambiente, como así lo ha expresado la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez”, al tiempo que “consideramos que con esta línea de actuación no se cumple con los requisitos exigidos para la recepción de los fondos Nex Generation EU, puesto que entendemos que vulneran el Convenio de Espoo sobre evaluación del impacto en el medio ambiente; la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente y la Directiva2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente”.
Por todas estas razones, Adelante Cádiz sostiene que “este decreto supone una amenaza a la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente en nuestro municipio, por contravenir la normativa que se ha ido desarrollando para revertir el deterioro que determinadas políticas”.
Así las cosas, el grupo provincial pide la oposición en bloque a este acuerdo e insta a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, a que traslade este acuerdo de oposición a todos los grupos parlamentarios y diputados y diputadas no adscritas a la Cámara. También, poner en conocimiento de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, la disconformidad de la Diputación de Cádiz con lo expuesto en el Decreto-ley 3/2021 por “considerar que puede provocar graves perjuicios al ecosistema de la provincia y de Andalucía en general”.
De igual forma, Adelante insta a la Consejería de Hacienda y Financiación Europea a que modifique las deficiencias del citado Decreto-ley 3/2021 y elimine las disposiciones mencionadas en esta moción, “dada su lesividad” y, finalmente, dirigirse a Teresa Ribera Rodríguez, vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a intervenir, en función de sus competencias, para “evitar cualquier transgresión que este Decreto-ley pueda provocar de las leyes y normas nacionales y comunitarias en materia de protección del medio ambiente”.
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