La implantación del nuevo modelo de oficina judicial ha comenzado en los juzgados del partido judicial de Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz. Este cambio busca mejorar la gestión del personal, la distribución de tareas y la especialización de los funcionarios. La reestructuración incluye un incremento de plantilla de 45 a 49 trabajadores, que pondrán en marcha las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) y centralizarán la gestión en el servicio común procesal.
Las secretarias generales de Infraestructuras y Servicios Judiciales de la Junta, Teresa Ávila y Rosalía Espinosa, junto a la directora general de Modernización, Planificación y Gestión de Fondos, Carmen Navarro, y la delegada territorial de Justicia en Cádiz, Ana Bertón, han mantenido una reunión con las autoridades judiciales y los representantes sindicales para coordinar el despliegue de la oficina judicial. En la reunión también participaron el secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Pedro Campoy, y el secretario coordinador de Cádiz.
Durante la reunión, las responsables de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública presentaron los planes de formación del personal, la migración de expedientes, el despliegue tecnológico y la adecuación de espacios. Se prevé que la implantación del nuevo modelo esté completada antes de final de año.
El partido judicial de Sanlúcar de Barrameda, que cuenta con cuatro Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Decanato y Registro Civil, presta servicio a los municipios de Chipiona y Trebujena. Este nuevo modelo de organización permitirá a los jueces centrarse en funciones jurisdiccionales, potenciará las atribuciones procesales de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y permitirá la especialización de los funcionarios.
Para la implementación, se ha negociado una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con los sindicatos en la Mesa Sectorial, ratificada por el Ministerio de Justicia. Esta reorganización incluye la incorporación de cuatro nuevos funcionarios y la creación de puestos de jefatura de equipo. El coste total para la Consejería es de 184.095,13 euros anuales.
El nuevo modelo establecerá cuatro UPAD (una para cada juzgado) y un Servicio Común general con dos secciones: la general, para atención a la ciudadanía, registro y reparto, asistencia a vistas y notificaciones; y la de ejecución, encargada de la tramitación de los procesos judiciales en fase ejecutiva.
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