Alcaldes de Izquierda Unida de toda la provincia de Cádiz han manifestado su descontento con las recientes modificaciones introducidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la adjudicación de las subvenciones del programa Empleo Estable, incluido en el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). Estos cambios, que ahora requieren una concurrencia competitiva en lugar de una adjudicación directa, podrían perjudicar significativamente a los municipios más pequeños.
Durante una reunión convocada por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, a la que asistieron alcaldes de diversos municipios gaditanos, se puso de manifiesto la preocupación por el nuevo formato de adjudicación. Según Rafael Aguilera, alcalde de Alcalá del Valle y responsable provincial de Política Institucional de IU Cádiz, el cambio implica que los ayuntamientos deben competir entre sí presentando proyectos bajo criterios muy exigentes, algo particularmente difícil para los pequeños municipios que no cuentan con equipos técnicos especializados en Urbanismo.
Aguilera destacó que, bajo el sistema anterior de adjudicación directa, todos los municipios participaban del programa de manera proporcional, basándose en factores como las cartillas agrícolas y las tasas de desempleo. Con los nuevos criterios impuestos, muchos ayuntamientos podrían quedarse fuera, lo que a su vez afectaría la generación de empleo y movimiento económico en los pueblos, incrementando el riesgo de despoblación.
Además, el dirigente de IU señaló que cada provincia ha establecido criterios distintos por parte del SEPE, aumentando la competitividad y las dificultades para los municipios más pequeños. En respuesta a estos cambios, Izquierda Unida planea llevar el asunto al grupo federal de IU y al grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, con el apoyo de la diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño.
La reunión también contó con la participación de otros alcaldes de IU, incluyendo a Carmen Álvarez de Sanlúcar de Barrameda, José Manuel Ruiz de Medina Sidonia, Ramón Galán de Trebujena, y Daniel Pérez de Puerto Serrano, quienes compartieron preocupaciones similares y discutieron estrategias para enfrentar los desafíos presentados por las nuevas regulaciones del programa PFEA.
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