El Plan de Transporte Metropolitano de la Bahía de Cádiz se encuentra ahora en fase de información pública tras la publicación de la resolución correspondiente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. A partir de mañana, se abrirá un periodo de 45 días durante el cual la ciudadanía podrá presentar alegaciones al plan. Este plan, promovido por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, tiene como objetivo principal incrementar el uso del transporte público, fomentar la intermodalidad y reducir la emisión de gases contaminantes de aquí al año 2030.
La estrategia definida en este plan responde a la necesidad de satisfacer los requerimientos de movilidad de la zona metropolitana, lo cual ha sido determinado a través de un análisis detallado realizado en una veintena de municipios de la provincia, destacando la relevancia de la actividad turística en estos lugares. Para entender las necesidades específicas durante diferentes temporadas, se han realizado diagnósticos separados para los períodos de invierno y verano.
El plan establece una serie de 79 actuaciones con una inversión prevista de 189 millones de euros, las cuales incluyen la construcción de carriles exclusivos para el transporte público en varios puntos críticos como el Puente de la Constitución y el puente Carranza en Cádiz, así como en los accesos a Jerez de la Frontera o El Puerto de Santa María. Además, se contempla el fortalecimiento de los servicios de autobuses metropolitanos, la introducción de servicios de transporte a demanda, y la mejora y ampliación de las conexiones para bicicletas, junto con el desarrollo de nuevos intercambiadores de transporte.
El proyecto también propone la integración de dos nuevos municipios, Barbate y Vejer de la Frontera, en el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, que ya agrupa a doce localidades, entre ellas Cádiz, Chiclana de la Frontera y San Fernando. Además, el plan prevé un aumento del 43% en la demanda de transporte público y un incremento del 22% en el uso de modos de transporte no motorizados, con una reducción estimada del 10% en las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para la elaboración del plan, la Consejería ha contado con la colaboración del Departamento de Evaluación de Políticas Públicas del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) y del equipo de Jaspers, adscrito al Banco Europeo de Inversiones, que asesora a la Comisión Europea en materia de planificación de infraestructuras y servicios de movilidad y transporte. Además, se han llevado a cabo reuniones con organismos de las tres escalas administrativas —estatal, autonómica y local— donde se han consensuado procedimientos para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como la evaluación ambiental estratégica y de impacto en la salud.
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