La situación en el Centro Penitenciario de Puerto III se ha tornado crítica debido al severo déficit de personal médico, una circunstancia que según los sindicatos CSIF y ACAIP-UGT, "está poniendo en riesgo la salud de los internos e internas". Inicialmente diseñado para albergar a 1008 personas, el centro actualmente cuenta con una población de 1234 internos, pero el número de médicos se ha reducido drásticamente. En la actualidad, "tan sólo cuenta con un Subdirector Médico y dos facultativos, uno de ellos en situación de interinidad", mientras que un tercer médico "se encuentra en situación de incapacidad laboral desde hace más de siete meses".
Los sindicatos critican la inacción de las autoridades al no convocar nuevas plazas ni proceder con la contratación que la situación demanda. Según expresaron, "no se entiende que no se convoquen ni se proceda a la contratación inmediata de médicos dada la urgente necesidad". Esta falta de personal no solo está generando un menoscabo en la calidad asistencial, sino que también provoca serios problemas de convivencia dentro del centro. Los enfermeros, sobrepasados por la demanda, "se ven obligados a realizar funciones fuera de su ámbito competencial en muchas urgencias", lo que complica aún más el panorama.
La responsabilidad recae sobre la Dirección del Centro y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, quienes, según los sindicatos, no han mostrado una "clara voluntad política ni administrativa para solucionar esta grave problemática". Esta situación se agrava especialmente durante los períodos vacacionales y frente a un año que ha visto pasar por el centro a "2054 internos, entre tránsitos e ingresos".
Ante esta situación, CSIF y ACAIP-UGT exigen una acción decidida: "exigimos que se remuevan todos aquellos obstáculos e impedimentos que hay en la actualidad, y se proceda de inmediato a cubrir las plazas de médicos que hay vacantes en esta prisión, para poder garantizar la atención médica de los internos e internas que se encuentran cumpliendo condena en Puerto III". Esta demanda encuentra su fundamento en la Ley de cohesión sanitaria de 2003, que obligaba a las Comunidades Autónomas a asumir las transferencias sanitarias en un plazo de 18 meses, un mandato que, veinte años después, aún no se ha cumplido completamente.
Envíanos tus vídeos, fotos, denuncias y noticias por WhatsApp (645 33 11 00)