La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha lanzado una acusación contra la Junta de Andalucía por lo que considera una especulación con el suelo público que posee en Cádiz, afirmando que esta acción "abandona a la ciudadanía con menos recursos". La organización muestra su "rechazo a la venta por parte de la Junta de Andalucía de un suelo público que está destinado a la construcción de 212 viviendas", lo que a su juicio "demuestra que la Junta carece de una política de vivienda en la ciudad siendo como es el principal problema en Cádiz".
La APDHA destaca que, tras la finalización de las obras de la segunda fase de Matadero, habrán transcurrido "más de trece años desde la última vez que la Junta entregó alguna vivienda nueva en la ciudad". Critica duramente la venta de terrenos previstos para vivienda pública, como la parcela situada en la Avenida de Ronda de Vigilancia, a una empresa privada. Esta acción, según la asociación, se realiza "para obtener beneficios, aunque sea a costa de acabar con la posibilidad de contar con 212 viviendas de parque público para el alquiler social y asequible".
La entidad subraya que el suelo vendido, por el que la Junta obtendrá "más de 6 millones de euros", se destinará a "viviendas privadas, de protección oficial en venta, y de precio limitado", lo que implica que estas viviendas tendrán "precios similares a los del mercado libre y con una protección de apenas siete años". Tras este periodo, las viviendas "volverán al mercado libre sin limitaciones y sujetas por tanto a la especulación, la subida de precios, o al destino turístico y estacional". La APDHA argumenta que con esta acción, la Junta "se convierte así en un especulador más que, en vez de aportar soluciones a las necesidades de vivienda, se lucra y contribuye a la selva en que se ha convertido el mercado de la vivienda en nuestra ciudad y en otras de Andalucía".
Además, señala que la mayor parte de los más de 6000 demandantes de vivienda protegida en Cádiz "solo pueden optar al régimen de alquiler", ya que "la opción de venta y de acceso a una hipoteca es imposible para la mayor parte de la ciudadanía, especialmente las personas con escasos recursos y mucho más en el caso de la juventud". La asociación advierte que, dada la situación, es "probable que ni siquiera se encuentren en el registro actual 212 compradores" que cumplan los requisitos necesarios para la compra de estas viviendas, lo que obligará a "buscar nuevos demandantes, y podrán proceder de otras ciudades".
La APDHA critica la venta de suelo público para vivienda y la promoción de VPO privada, una política que ha sido "descartada con insistencia por los organismos europeos y por los propios planes de vivienda tanto nacional como autonómico". Estos planes abogan por "elevar el número de viviendas en alquiler sociales y asequibles para dar respuesta a la situación de emergencia habitacional que vivimos". Finalmente, la asociación "reclama una vez más que se hagan políticas efectivas de vivienda en la ciudad que aumenten el parque público actual y ayuden a controlar los precios del mercado", exigiendo a la Junta de Andalucía que "aplique ya la actual Ley de Vivienda para declarar las zonas tensionadas que permitan regular los precios del alquiler en las mismas".
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