El Equipo de Gobierno solicitará en el próximo Pleno ordinario que se celebra el lunes 31 de marzo que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía asuma sus competencias en materia de vivienda y adopte los mecanismos necesarios para garantizar que las viviendas de la ciudad gaditana reúnan las condiciones adecuadas de habitabilidad y de higiene, tal y como se especifica en el artículo 56 de la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. En esta Ley se atribuye la competencia exclusiva en esta materia a la administración autonómica.
El Gobierno local propone además que se configure “algún instrumento real, similar a la cédula de habitabilidad, que permita controlar los arrendamientos de viviendas, especialmente del caserío antiguo de la ciudad, que impidan el alquiler de fincas con deficiencias higiénico-sanitarias”. Tal y como indica la Junta de Andalucía en su Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril de Medida para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, “es imprescindible desarrollar políticas que prioricen la adopción de medidas que tiendan a la puesta en el mercado de viviendas vacías y la rehabilitación sobre la construcción, en una clara apuesta por la sostenibilidad”. Y para ello es clave la creación de instrumentos como la cédula de habilitabilidad, una herramienta que se derogó por parte de la Junta de Andalucía pero que en otras comunidades autónomas se ha vuelto a implantar, caso de Cataluña o Extremadura. En esta última comunidad autónoma incluso se pueden obtener de forma simultánea la licencia de primera ocupación y la cédula de habitabilidad.
Tal y como consta en el artículo 56 del Estatuto de Autonomía, al atribuirse todas las competencias a la Junta de Andalucía se deja poco margen de maniobra a los ayuntamientos. Y así se lo puso de manifiesto a este Ayuntamiento mediante escrito de la Delegación de Obras Públicas de 1996 donde se indicaba que “es competencia de la misma el resolver los expedientes que se incoen por deficiencias higiénico-sanitarias, una vez suprimida la cédula de habitabilidad y el informe preceptivo sobre condiciones higiénicas previo a la concesión de licencias municipales de obras. Por lo que es la delegación provincial de la Junta quién tramita todas las denuncias por deficiencias higiénico-sanitarias”.
El Ayuntamiento de Cádiz, a pesar de su insistencia en que se configure este instrumento, no ha tenido respuesta alguna por parte de la Junta de Andalucía y solo ha podido continuar enviando a los inspectores de sanidad y a los técnicos de Urbanismo para que determinaran la situación de muchas de las viviendas con requerimientos de seguridad, de ornato e Inspecciones Técnicas de Edificios, “aunque sin poder atajar los problemas de salubridad e higiene”.
Es por ello que el equipo de Gobierno considera necesaria la inclusión de la cédula de habitabilidad en su legislación o cualquier otro instrumento que permita actuar en esta materia. Asimismo, se solicita a la Junta que a través de la Consejería de Fomento y Vivienda se cree un cuerpo específico de inspectores de vivienda que llevaría a cabo la inspección y control de la entrada en vigor de esta herramienta. Así, “se acreditaría el cumplimento de las condiciones exigibles sobre servicios higiénicos, agua, saneamiento y normas de seguridad en instalaciones de gas y electricidad”. Dentro de la propuesta se pide que “a través de un reglamento se atendiera a las fincas antiguas que no pueden responder a tales exigencias en cuestiones de ventilación y aireación natural pero que deben de contar con unas condiciones mínimas y dignas de habitabilidad para que se saquen a arrendamiento”.
Por otro lado, y dentro del compromiso del equipo de gobierno con las políticas sociales, se ha presentado una moción al Pleno en la que se propone mejorar la gestión de las ayudas que otorga el Ayuntamiento para el pago de alquileres de viviendas a vecinos de la ciudad que se encuentran en una situación socio económica compleja, con posibilidades de recuperación y que los particulares o las inmobiliarias no le facilitan el acceso al alquiler al carecer de nómina y/o aval.
Así, el equipo de gobierno propone que el Ayuntamiento asuma el compromiso de abonar estas ayudas, durante su período de vigencia, para pago de alquileres con la periodicidad mensual, directamente a los arrendadores, estableciendo en las resoluciones por las que se otorgan estas ayudas sociales como condición la cesión irrevocable de los derechos de cobro por los beneficiarios a favor de aquellos.
En la moción se propone a su vez que el pago de estas ayudas se realice antes del día 5 de cada mes teniendo el mismo carácter preferente respecto de otras obligaciones que por Ley tengan atribuidas alguna preferencia.
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