colegio gibraltar

Una moción conjunta presentada por los distintos grupos políticos de la Corporación Municipal de La Línea será debatida en el pleno ordinario del próximo 11 de mayo. Esta moción surge en respuesta a una serie de inquietantes incidentes de violencia escolar que han sacudido al colegio Gibraltar.

Desde noviembre, la comunidad educativa del colegio Gibraltar ha estado lidiando con una crisis de convivencia que ha elevado el nivel de tensión y miedo en el recinto escolar. La fuente de esta inquietud es un nuevo alumno de la clase de 2ºB, cuyo ingreso en la escuela ha coincidido con una serie de altercados violentos que han afectado a compañeros de aula, docentes y otros niños durante los recreos.

Este niño, que llegó al colegio con antecedentes delicados conocidos por la delegación municipal de Asuntos Sociales, ha sido objeto de seguimiento por un observador designado por la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Pero a pesar de las pautas de actuación marcadas, los episodios de violencia no solo no han cesado, sino que han ido en aumento.

Los impactos de esta crisis van más allá de los incidentes individuales de violencia. El temor y la ansiedad generados están afectando la salud mental y el rendimiento académico de los estudiantes, a medida que aumenta su reticencia a asistir a la escuela. Múltiples partes médicos se han emitido como resultado de los actos violentos, y la angustia palpable de la comunidad educativa ha llevado a un llamado a la acción.

Sin embargo, a pesar de que el problema ha sido comunicado a varias autoridades, incluyendo la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, el Defensor del Pueblo Andaluz y las delegaciones municipales de Asuntos Sociales y Educación, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, como órgano competente, no ha adoptado ninguna medida adicional.

Los portavoces de los diferentes grupos políticos de la Corporación, cansados de la inacción y desesperados por una solución, instan a la Junta de Andalucía a proporcionar los recursos humanos necesarios para garantizar los niveles de convivencia escolar y habilitar una dependencia de trabajo independiente que permita al profesorado desarrollar la práctica docente individualizada para este alumno.

 


 

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