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El grupo provincial Adelante Cádiz va a exigir a la Diputación que se comprometa a cumplir los acuerdos previos y se responsabilice de que la residencia de ancianos Santa Margarita, construida con presupuesto provincial, tenga finalmente, una gestión pública. 

Desde Adelante Cádiz recuerdan que desde 1983 a 207, La Línea tuvo una residencia pública de Diputación en la calle Doctor Gómez Ulla. 34 años después de su inauguración, el Servicio de Conservación del Patrimonio expidió en 2017 un informe técnico sobre la situación física que concluyó que “presentaba un lamentable estado desde el punto de vista estético, funcional y de instalaciones”, añadiendo, que, “pese a las constantes intervenciones que se habían realizado y que supusieron una considerable inversión de la Diputación, seguía sin conseguirse un estado aceptable para las personas residentes”. 

La residencia se cerró pero -insisten en recordar- “se aprobó en ese 2017 y por mayoría en el Pleno de esta Diputación, una moción en la que se acordaba mantener el servicio de la residencia de ancianos bajo una fórmula de gestión pública”. Desde entonces, “el funcionariado de La Línea se ha pasado cuatro años yendo diariamente a Cádiz y El Puerto hasta que se ha conseguido su reubicación en centros del Campo de Gibraltar”.

En febrero de 2018, la ex presidenta de la Diputación, Irene García, presentó en La Línea el proyecto de construcción de una nueva residencia de mayores, las de Santa Margarita, que contaba con un presupuesto de más 4 millones de euros, incluyendo el primer millón de euros en el presupuesto de ese año. Hoy por hoy, la residencia ya está construida, y con una lista de espera de 200 ancianos, aún no se ha abierto. 

“Lo paradójico es que el 23 de junio, Diputación aprueba ceder gratuitamente la antigua residencia de ancianos de la calle Doctor Gómez Ulla al Ayuntamiento de La Línea que, a su vez, se la ha cedido 30 años al grupo Asansull y todo ello, a pesar de aquel informe de 2017 que declaraba que el inmueble no era apto para sus funciones y con una subvención de dos millones de euros para hacer la obra de la reapertura”. 

Así las cosas, “nos encontramos con la construcción de una residencia nueva con presupuesto de Diputación, que no tiene asegurada ahora la gestión pública, según comunicó el diputado provincial David de la Encina a la Mesa de Trabajo de La Línea, asegurando que la Diputación no tiene competencias para gestionar la nueva residencia en Santa Margarita y que les habían hecho hasta tres requerimientos a la Junta para que la asumieran”. 

Por todo ello, desde Adelante Cádiz, exigen que esta Diputación se comprometa a cumplir los acuerdos previos y se responsabilice de que la nueva residencia de Santa Margarita sea gestionada desde lo público. “Independientemente de dónde viene la financiación, es nuestra obligación garantizar que su gestión sea pública en su totalidad y no una cesión a terceras partes”. 

De igual forma, “y en un ejercicio de transparencia”, Adelante Cádiz pide a la Diputación que dé cuenta a la Mesa de Trabajo de La Línea, de todas las gestiones realizadas y las actuaciones que van a llevar a cabo en un futuro. Y finalmente, que la cesión del edificio al Ayuntamiento de La Línea, no se haga efectiva sin antes garantizar que su gestión será pública y no a terceros. 

 

Los 6 de Zaragoza

De otra parte, Adelante Cádiz va a defender una moción para que la Diputación Provincial, como institución democrática que es y como se ha hecho en el Parlamento europeo, apoye a los 6 jóvenes que han sido condenados en una manifestación antifascista en Zaragoza. 

Los hechos ocurrieron hace 3 años cuando, el movimiento antifascista convocó una protesta por un acto organizado por el partido de la ultraderecha VOX en Zaragoza. Una concentración pacífica que acabó con cargas policiales y personas heridas, además de la detención de seis personas. Cuatro han sido condenadas a seis años de cárcel y dos menores, a 11.000 euros de multa y un año de libertad vigilada, a pesar de que las grabaciones presentadas en el juicio, no aceptadas como prueba por el juez, en ningún caso demuestran que estos seis jóvenes protagonizasen los hechos que se les imputan. Así, la propia sentencia admitía que “con la identificación de la identidad de las siluetas que aparecen en las grabaciones, no ha sido posible determinar si los acusados se encontraban o no presentes dentro del grupo violento”. A pesar de ello, “en octubre de 2021, el Tribunal Superior de Aragón, no resolvió favorablemente el recurso contra la sentencia, sino que endureció la condena, sumando un año más de prisión y con 20.516 euros como responsabilidad civil”.

Ante ello, “no podemos permanecer en silencio mientras se incumple el derecho de manifestación y protesta política, mientras se condena a estos jóvenes por ser antifascistas, cuando precisamente, ser antifascista debiera ser una obligación”. Por eso, el grupo provincial va a pedir que la Diputación exprese su apoyo e inste al Gobierno central a la derogación de la conocida como Ley Mordaza. 

 


 

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