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Los cuatro vigilantes de seguridad pertenecientes al equipo de vigilancia del centro del Madrugador de la Diputación de Cádiz se concentrarán este miércoles a las 10:00 horas a las puertas de la Diputación de Cádiz, solicitando el apoyo de otros trabajadores del sector.

Esta concentración viene motivada a que los vigilantes no han sido subrogados por ninguna empresa de seguridad después de haber estado trabajando para la desaparecida Mersant Vigilancia SL y señalan como causa "el inmovilismo e incompetencia del anterior equipo de gobierno, presidida por Irene García, que dirigía la Diputación de Cádiz".

El Sindicato Profesional de Vigilantes de Cádiz, mayoritario en el sector de la seguridad privada en la provincia, ha solicitado en el día de hoy reunión urgente con el recién nombrado presidente de Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, al objeto de informarle y ponerle al día de la gravísima situación que atraviesan estos trabajadores y pedirle su intervención personal "pues hasta ahora la anterior presidenta Irene García nunca accedió a reunirse ni mediar en el conflicto" y añaden que "esperamos encontrar una mayor implicación que garantice la subrogación a la nueva empresa adjudicataria o el necesario nuevo pliego del concurso que ponga fin a este calvario que viene en soportando estos vigilantes desde finales del año 2021 y hasta el día de la fecha".

De no obtenerse las respuestas a esta demanda el sindicato SPV "iniciará movilizaciones necesarias conducente a obtener de la justicia lo que la política debería haber solucionado hace ya bastante tiempo por el anterior equipo de gobierno que ha demostrado una despreocupación total en este conflicto".

Y advierten que "de no ser así prometemos un verano calentito en movilizaciones frente a la empresa y frente al organismo público, ya que  dicha empresa ha manifestado que no piensa subrogar a estos trabajadores con derecho a la misma vulnerando así sus derechos pues de no ser así pediremos a la excelentísima Diputación de Cádiz que aplique las sanciones y penalidades previstas en la ley de contratos públicos hasta conseguir la readmisión de ellos o la cancelación definitiva de este contrato".

 


 

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