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Salvador de la Encina / PSOE

El diputado en el Congreso, Salvador de la Encina, ha salido al paso del anuncio realizado por el delegado del gobierno, Antonio Sanz, en relación a las medidas económicas destinadas a los ayuntamientos manifestando “su aprobación si en algo pueden aliviar a los ayuntamientos”, pero advirtiendo, al mismo tiempo de que “son préstamos con condiciones muy estrictas”. Así recuerda que los consistorios han debido aprobar en el mes de octubre un plan de austeridad para poder acogerse, tendrán una revisión del mismo en el mes de junio y están obligados a pagar con ese dinero en primer lugar las deudas contraídas con Hacienda, la Seguridad Social, los proveedores y los gastos derivados de sentencias judiciales pendientes.

Por ello, el diputado socialista recalca que “no se trata de medidas extraordinarias como Sanz pretende hacer ver destinadas a todos los ayuntamientos que se hayan querido o podido acoger a ese Fondo de Ordenación porque la liquidez que puedan obtener está muy limitada, muy orientada y no revertirá directamente en la prestación de servicios a la ciudadanía sino a pagar deudas”.

En cualquier caso, señala De la Encina, que “se trata de una solución muy puntual que se disfraza como una salvación que no es tal”. A juicio del diputado del PSOE, lo que necesitan los ayuntamientos es una Ley de financiación de Haciendas locales que aborde y planifique su futuro, una norma a la que el PSOE se ha comprometido en caso de gobernar.

“Los ayuntamientos no necesitan medidas cosméticas, ni ayudas transitorias, porque ese Fondo no deja de ser un préstamo con duras condiciones de devolución en intereses y plazos, así como condicionado a un plan de austeridad y unos destinos de los fondos obtenidos muy dirigidos, de modo que hasta el 70 por ciento del pago puede estar comprometido, en función de las finanzas de cada ayuntamiento”, ha dicho, insistiendo en la necesidad de que el próximo gobierno apruebe la Ley de haciendas locales y también un nuevo marco del régimen local que garantice la autonomía de los ayuntamientos y entidades locales.

 


 

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