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Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, ha exigido a la Junta de Andalucía que aumente el presupuesto destinado a las 177 viviendas protegidas previstas en el municipio, con el objetivo de hacer más atractiva la licitación para su construcción. Esta demanda surge tras quedar desierto el concurso anterior en septiembre, debido a que los precios establecidos por la administración autonómica no reflejaban los valores del mercado.

Ruiz Boix ha reiterado la necesidad de que la Junta proceda con la licitación de estas viviendas, distribuidas en dos lotes situados en la Avenida del Tercer Centenario y en el sector de Camino del Almendral. La falta de interés de las constructoras en la licitación anterior se atribuye a los precios de los módulos fijados por la Junta, considerados inferiores a los del mercado.

El alcalde subrayó la importancia de esta iniciativa para el municipio, mencionando que "ya han pasado ocho meses" desde que el concurso quedó desierto. Señaló específicamente un lote de 43 viviendas en la Avenida del Tercer Centenario y otro de 134 en el sector de Camino del Almendral, instando al gobierno andaluz a actuar para evitar más retrasos. Ruiz Boix apeló directamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, solicitando su intervención para garantizar la realización de estas obras tan necesarias.

Además, Ruiz Boix argumentó que la financiación adicional de la Junta de Andalucía, junto con las ayudas europeas y los fondos aportados por el Gobierno de España, es crucial para avanzar en el proyecto. Esta colaboración financiera permitiría ofrecer precios de construcción más acordes con el mercado, incrementando así el interés de las constructoras.

Las viviendas proyectadas no solo darían solución a un tercio de las familias inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda de San Roque, sino que también forman parte de un plan más amplio para ofrecer alquileres asequibles en edificaciones sostenibles en Andalucía, con un plazo de finalización previsto para 2026. El alcalde expresó su preocupación por la posible pérdida de los fondos estatales destinados a este fin, enmarcados dentro de los proyectos del programa europeo Next Generation, si no se toman medidas inmediatas.

 


 

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