El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las recomendaciones, conclusiones y posicionamiento común adoptado por la mesa de trabajo por el Comercio Seguro en Andalucía, órgano creado en noviembre de 2020 con el objetivo de coordinar actuaciones para combatir los delitos de seguridad y venta ilegal y de productos falsificados en el sector comercial andaluz. Dado los positivos resultados obtenidos, la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades prevé mantener este grupo de trabajo activo durante los próximos años, ya que se incluirá como instrumento de apoyo al sector en el VII Plan Integral de Fomento del Comercio Interior 2023-2026.
La mesa de trabajo por el Comercio Seguro está integrada por la Administración andaluza, a través de las Consejerías competentes en materia de comercio, justicia, administración local, interior y consumo; la Delegación del Gobierno en Andalucía; la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y las organizaciones sindicales y empresariales más representativos en la región (CCOO-A, UGT-A y CEA). Andalucía ha sido la primera comunidad española en contar con un grupo de trabajo específico para impulsar el comercio seguro.
La mesa ha desarrollado un total de 19 actuaciones en distintos ámbitos, entre los que destacan la coordinación entre cuerpos y fuerzas de seguridad de todas las administraciones, el incremento de la vigilancia y formación de los cuerpos de policías locales, o la concienciación de los consumidores sobre los perjuicios de la adquisición de productos ilegales.
Las recomendaciones de la mesa de trabajo por el Comercio Seguro incluyen, además, la necesidad de endurecer la regulación en los delitos de hurto multirreincidente en comercios. En materia de coordinación, la mesa propone el desarrollo de convenios entre el Ministerio del Interior y todos los ayuntamientos o con las federaciones municipales, que tendrían por objeto la intercomunicación entre bancos de datos de Guardia Civil y de Policía Nacional y Local. Se considera necesario, además, aumentar la imposición de medidas de alejamiento, ya sea de forma cautelar o, como es más frecuente, mediante sentencia firme, así como el aumento de los denominados ‘juicios inmediatos’ para este tipo de delitos, garantizando la seguridad personal de los trabajadores, empresarios y de los propios clientes.
El hurto reincidente en comercios en el territorio nacional supone pérdidas cercanas a los 3.645 millones de euros, tanto por las mermas (2.542 millones) como por el coste en inversión en seguridad (1.103 millones), lo que representa 78 euros por persona al año en todo el país, según un estudio realizado por Crime&tech con el apoyo de Checkpoint Systems.
Por otro lado, la venta de productos falsificados genera pérdidas de más de 2.000 millones de euros anuales a los comerciantes e industrias del país, perjudicando directamente al comercio de proximidad. Además, esta práctica ilegal también afecta a las haciendas municipales, ya que no aporta ingresos por los derechos de ocupación de la vía pública, no tiene obligaciones tributarias y no abona licencias de actividad.
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