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unacuestiondeconfianza

España está en medio de un terremoto político, a nadie se le escapa. El intento de moción de censura de C’s en la región de Murcia, dando un giro de 180 grados hacia los brazos del PSOE y del sanchismo, ha provocado una sacudida de tal calibre que ha llegado hasta Madrid, donde la presidenta Ayuso reaccionó de inmediato para convocar elecciones anticipadas, ante el riesgo más que evidente de que sus socios de Gobierno replicaran el movimiento de Murcia en la Comunidad de Madrid, como han desvelado algunos diputados regionales del propio partido.

Tras una semana agónica, llena de vaivenes, la moción de Murcia finalmente ha sido anulada gracias a que tres de los seis diputados del grupo de Ciudadanos han respetado el pacto de Gobierno con López Miras, a diferencia de la dirección de su partido, que en un último intento a la desesperada trataron de comprar los favores de tres diputados díscolos de Vox – que curiosamente dejaron de ser ultraderecha en ese instante - ; por su parte, en el caso de Madrid finalmente acabará en unas elecciones tras dictaminar el TSJM que el decreto de disolución del Parlamento madrileño impedía la tramitación de las mociones presentadas por PSOE y Más Madrid. Un ridículo estrepitoso, de dimensiones históricas, que ha cuasi desintegrado C’s, que formalmente sigue existiendo, pero que por dentro está quebrado ideológicamente y con una falta de apoyo popular que parece tener difícil arreglo.

En todo este contexto, el presidente andaluz Juanma Moreno (PP), salió en una comparecencia junto a Juan Marín, vicepresidente de la Junta (C’s) para calmar los ánimos en la región, y mostrar el compromiso conjunto de que ni el PP anticiparía elecciones ni C’s presentaría una moción. Lo cierto es que desde que el PSOE andaluz fue expulsado de la Junta tras 40 años de hegemonía, nuestra tierra está empezando a dar señales de vida y a ser uno de los motores económicos de España. Solo dos años de Gobierno «normal» sin corrupción, burocracia, y una política de moderación de impuestos, ha bastado para generar confianza, atraer inversiones, y en definitiva convertir a una de las regiones más empobrecidas de España en uno de los potenciales referentes de nuestro país.

Ante todo este escenario político, se escuchan varias personalidades en el debate público nacional y regional que defienden dos posturas enfrentadas entre sí. Por una parte, los hay que afirman que Juanma Moreno debería haber convocado elecciones de inmediato, al igual que Ayuso, para dar voz a los andaluces – que presumiblemente avalarán su buena gestión – y formar una mayoría de gobierno más estable, pues el apoyo de C’s en el contexto actual es frágil e incierto. El grupo de C’s posee 21 diputados, basta con que 9 sigan las tesis de Arrimadas para volver a entregar la Junta al PSOE sin posibilidad de retorno. Es una posibilidad real, aunque no muy probable por la influencia de Adelante Andalucía, dicho sea de paso, que justificaría el adelanto.

Por otra parte, los hay que argumentan que, en tiempos de pandemia, no es propio que los políticos estén preocupados por este tipo de cosas, y además se convoque a las masas a votar, con el riesgo para la salud pública que ello puede conllevar. En suma, un adelanto electoral podría poner en riesgo la buena marcha de la región, y devolver el Gobierno al PSOE. Garantía de retroceso económico y social, y vuelta a un régimen de subvención y clientelismo que ha empobrecido a nuestra tierra durante décadas.

Ante esta situación, me atrevo desde este medio a poner sobre la mesa del debate público una solución intermedia: ¿por qué no una cuestión de confianza?

La cuestión de confianza es un mecanismo que prevé el art. 125 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en virtud del cual «El Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno, puede plantear ante el Parlamento la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general». Esta moción se entenderá aprobada si la apoyara la mayoría simple de la Cámara.

En una cuestión de confianza, el presidente de la Junta se pondría voluntariamente en manos del Parlamento para consultarle si este está de acuerdo o no con su política general. Lo más previsible es que el actual Gobierno del PP y lo que queda de C’s consiguiera sin ningún problema la mayoría simple requerida. Esto reforzaría enormemente la posición conjunta de ambos partidos, y los forzaría a respetarse mutuamente en la coalición. Otra cosa sería difícilmente justificable ante los electores en las próximas elecciones, que no entenderían muy bien cómo uno de los dos partidos ha podido romper un pacto sellado por dos veces.

Sin embargo, no podemos obviar el hecho de que existe el riesgo de que la moción no prospere. Pero en ese caso, «el Presidente de la Junta presentará su dimisión ante el Parlamento, cuyo Presidente convocará, en el plazo máximo de quince días, la sesión plenaria para la elección de nuevo Presidente de la Junta». De este modo, el nuevo presidente saldría del propio Parlamento, con una nueva composición y nuevos objetivos, sin necesidad de exponer a la población a un proceso electoral.

Adicionalmente, en el peor de los casos, lo más probable es que si Juanma Moreno fuera obligado a dimitir, el siguiente Gobierno no estuviera formado por el PSOE y Adelante Andalucía, pues requeriría del apoyo externo de C’s que, a pesar de su desintegración, no parece estar cerca de dar su soporte parlamentario a los diputados de Teresa Rodríguez como se mencionó antes. Sea como fuere, a diferencia de la moción de censura, la cuestión de confianza da un cierto margen de maniobra a las fuerzas políticas para elegir a nuevo presidente, reduciendo los riesgos de que finalmente el poder vuelva a manos de la izquierda.

En definitiva, nuestro ordenamiento jurídico nos ofrece numerosas soluciones a los grandes problemas. Simplemente tenemos que usar la inteligencia y aprovechar las oportunidades cuando aparecen. Cada región es distinta y tiene unas particularidades propias. Lo que vale en Madrid y en Murcia no tiene por qué valer en Andalucía, y viceversa. Afortunadamente, en los últimos tiempos nuestra querida tierra se está diferenciando (para bien) del resto de España. Reforcémoslo y construyamos entre todos la prosperidad que merecemos.

 

Manuel Benítez Pérez
Abogado y Economista. Doctorando en Derecho Tributario Internacional

 


 

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