La Asociación de Profesionales Valoradores de la Dependencia en Andalucía (AproVadA) ha elaborado un modelo de reclamación previa contra la Administración en contra de los concursos extraordinarios, un escrito que ha puesto a disposición de todo el colectivo de interinos y trabajadores estatutarios temporales en fraude de ley por abuso de la temporalidad en España.
El presidente de AproVadA, David Núñez ha explicado que en esta reclamación cada funcionario pide a la Administración competente que se detraiga de los concursos extraordinarios su plaza en el caso de que no se hayan celebrado las oposiciones, y de haberse realizado los exámenes y no haber logrado plaza, piden que se le reubique en un puesto vacante. Argumentan que los procesos selectivos actuales son contrarios a la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitida el pasado 19 de marzo.
Núñez ha señalado que han diseñado esta reclamación administrativa, a la que todos los funcionarios pueden acceder de forma gratuita, porque el Gobierno andaluz no ha paralizado los procesos de estabilización extraordinarios que están en marcha. Algo que la asociación ya reclamó en los Tribunales en enero de 2020 en una demanda cuyo juicio tiene fecha para noviembre.
Se trata de un formulario accesible online y sencillo de rellenar, que se ha diseñado con diversos campos para que cada interino o estatutario temporal lo puedan descargar en su ordenador Y adecuarlo a sus circunstancias particulares: (https://asociacionaprovada.blogspot.com/2020/05/documentos-para-la-reclamacion-previa.html).
Así, cada empleado público presentará una reclamación individual pidiendo que su plaza se retire del concurso público convocado o se reubique en otro puesto vacante hasta que se adecuen los procesos a la sentencia de TJUE. Núñez ha señalado que la Junta se enfrenta a una avalancha de reclamaciones, recordando además que “se trata del paso previo a los tribunales”. No obstante, advirtió que “si hay que recurrir a ello, lo haremos para defender nuestros puestos de trabajo”.
La entidad ha pedido al Consejero de la Presidencia, Elías Brendodo, que se suspendan todas las convocatorias hasta que finalice la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que está llevándose a cabo en el Parlamento Andaluz. En ella se prevé realizar procesos selectivos exclusivamente por concurso de méritos para resolver la situación de los funcionarios interinos y estatutarios temporales en situación de fraude de Ley por abuso de la temporalidad, “quienes en esta crisis sanitaria por el covid-19 han demostrado que son necesarios para mantener los servicios públicos esenciales”.
La reclamación previa incorpora un formulario sencillo para facilitar su uso, de forma que cualquiera pueda hacer uso de ella. La presentación de este escrito es un trámite administrativo que no requiere la intervención de letrado “evitándoles el gasto en abogados para resolver su situación”
“Nuestro objetivo es que ni un solo funcionario interino o estatutario temporal se quede atrás y lograr que se corrija la injusta situación en la que nos encontramos” y en la que algunos empleados públicos llevan hasta 27 años, afirma Núñez.
La sentencia del tribunal europeo reconoce el abuso de las contrataciones temporales en los nombramientos de la Administración y considera que un proceso selectivo de libre concurrencia “no sanciona debidamente ni elimina las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión según la sentencia del Tribunal de Europa”
Núñez ha recordado que del total de casi 30.000 plazas en fraude de ley, 902 corresponden a la Administración General; 388 a Justicia; 9.603 son funcionarios interinos de Educación y 18.618 son eventuales estatutarios de Sanidad.
Iniciativa Legislativa
La ILP es una proposición de ley, un texto con el que se pretende articular un proceso selectivo exclusivamente por concurso de méritos para aquellos interinos y estatutarios temporales que se encuentran en fraude de ley por abuso de la temporalidad. La vía del concurso de méritos está contemplada en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, como medida excepcional y siempre que se apruebe por ley.
La Iniciativa Legislativa Popular fue admitida a trámite por el Parlamento Andaluz el 15 de mayo de 2018 y el 20 de septiembre la Junta Electoral abría el proceso para la recogida de un mínimo de 40.000 firmas imprescindibles para que el texto pudiera tramitarse. Se presentaron un total de 51.630 firmas ante la Oficina del Censo Electoral el 13 de mayo de 2019. En julio, la ILP entraba en el Parlamento para iniciar su proceso hasta su debate y el 25 de septiembre se aprobaba en el Pleno su toma en consideración con los votos a favor de PSOE y Adelante Andalucía y la abstención de PP, Ciudadanos y Vox.
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