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Juan Carlos Campo, Ministro de Justicia del Gobierno de España / La Moncloa

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha expuesto hoy ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el plan de desescalada en la Justicia que prepara el Gobierno para superar la crisis y que “se asienta en el consenso”. Campo ha pedido el apoyo de los grupos políticos a las actuaciones “de reactivación y reconstrucción” que se van a poner en marcha para “trasladar una imagen de unidad en un ámbito que necesita confianza”, ha subrayado.

El ministro ha explicado que el plan para la desescalada orbita en torno a tres ejes - organizativo, tecnológico y procesal – cuyas medidas se contendrán en tres instrumentos normativos distintos, el primero de los cuales, el Real Decreto Ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente a la Covid-19 en la Administración de Justicia, se aprobó el pasado martes en Consejo de Ministros.

Campo ha pedido el apoyo de los representantes políticos a la convalidación de esta norma porque “la sociedad no entendería que el resto de administraciones no se pusieran a la altura del personal sanitario o las fuerzas de seguridad”. El ministro ha señalado que ya se han iniciado los trabajos técnicos con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía para implementar de manera coordinada sus medidas organizativas.

El objetivo de este Real Decreto Ley, que tendrá una vigencia de tres meses tras el levantamiento del estado de alarma, es garantizar una desescalada eficiente y segura y “preparar a la Administración de Justicia para la nueva normalidad”. 

Entre las medidas que contempla, el ministro ha destacado la creación de juzgados Covid-19 “concebidos como las UCI de nuestra Justicia”. Campo confía en alcanzar los acuerdos necesarios para que parte de las nuevas unidades judiciales pendientes de creación se encarguen temporalmente de los asuntos derivados de la crisis.

El titular de Justicia ha señalado otras actuaciones en el ámbito organizativo, como la habilitación de parte del mes de agosto a efectos procesales, la previsión de refuerzos con jueces de adscripción territorial y letrados en prácticas o la movilidad del personal entre órganos judiciales de misma jurisdicción y localidad, medidas que han sido consensuadas por las comunidades autónomas en las reuniones de coordinación mantenidas desde el inicio de la crisis.

En relación a la habilitación de los días 11 al 31 de agosto, el ministro ha anunciado que Justicia impulsará, en colaboración con el CGPJ y la Fiscalía, un instrumento normativo complementario que permita “optimizar el rendimiento y la eficacia” de esta medida y coordinarla con el derecho de los profesionales a conciliar su vida personal y laboral.

En el ámbito de la seguridad laboral, el Real Decreto Ley establece la regulación de dos turnos de trabajo para incrementar la actividad presencial sin poner en riesgo la salud laboral de funcionarios y profesionales.

También se recogen actuaciones en el ámbito tecnológico “a las que nos está empujando la crisis”, ha señalado el ministro, entre ellas, habilitar y potenciar las vistas y los actos procesales por vía telemática, así como el uso de firma digital.

Campo se ha referido además a las medidas concursales y procesales extraordinarias que contempla la norma respecto de la ampliación de los plazos suspendidos y la regulación de un procedimiento especial para cuestiones de derecho de familia y otros ámbitos especialmente afectados durante la crisis.

Justicia trabaja también en un proyecto de ley para acometer reformas estructurales que mejoren la eficiencia de los procesos mediante el uso eficiente de la tecnología y la implantación de mecanismos alternativos a la resolución de conflictos, como la mediación. El ministerio está recabando las aportaciones al texto del conjunto del sector para poder presentarlo ante el Consejo de Ministros en el mes de junio.

El tercer instrumento normativo es el previsto en la Disposición Adicional 19ª del Real Decreto Ley 11/2020, que emplaza a Justicia a activar planes de choque en los órdenes contencioso-administrativo, mercantil y laboral, los más castigados por el parón de la actividad económica, en los quince días posteriores al levantamiento de las medidas acordadas por el estado de alarma.

 


 

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