En Jerez y Andalucía, la demanda de plazas en residencias para personas mayores, dependientes y con discapacidad supera la oferta disponible, creando una lista de espera de hasta año y medio. A pesar de un aumento del 40% en la financiación estatal, la Junta de Andalucía ha reducido su presupuesto en materia de Dependencia. Además, el nuevo Decreto de Simplificación, que introduce la tramitación telemática, ha complicado la gestión de solicitudes, especialmente debido a la brecha digital que afecta principalmente a este sector de la población.
La medida que reduce de dos a una las visitas a personas dependientes tampoco ha mostrado ser efectiva para acelerar la resolución de expedientes, en un contexto donde persiste la falta de personal. Este cambio en el procedimiento, junto con la modificación del sentido del silencio administrativo, podría facilitar la privatización de los servicios, comprometiendo la seguridad y calidad de las prestaciones por la falta de inspección y control público.
Adicionalmente, la modificación de jurisdicción que se aplicará próximamente en materia de Dependencia podría beneficiar a las personas usuarias y sus herederos, quienes podrán iniciar reclamaciones por los daños causados por los retrasos en las listas de espera. El sistema de dependencia, que se basa en el copago, plantea dudas sobre si la contribución autonómica cumple con lo establecido por la ley, o si son los beneficiarios quienes están financiando un porcentaje mayor al reconocido, afectando no solo a sus pensiones sino también a su patrimonio.
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