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Piscina de Astilleros - Cádiz

Desde la sección sindical de Autonomía Obrera, denuncian "las incoherencias y barbaridades del Ayuntamiento de Cádiz" y aseguran que "son el fiel reflejo del último despropósito que recientemente ha realizado el área de Deportes municipal".

Desde Autonomía Obrera inciden que recientemente se han publicado distintos pliegos de condiciones de servicios en Deportes. Dichos contratos han salido segmentados. Diferenciándose respecto al anterior procedimiento en una división de cuatro pliegos que englobaban anteriormente todos los servicios técnicos de deportes. Pues bien, paradójicamente e inexplicablemente, tanto en cuestión técnica como políticamente, han cambiado de opinión, y lo que anteriormente defendían ahora lo modifican. Eso sí, con un derroche económico irrecuperable, aseguran.

Hace dos años, en un informe técnico, se defendió, justificó y abaló la necesidad de integrar en un mismo contrato todas las actividades además de incluir las nuevas que se fuesen produciendo para unificar la prestación de todos los servicios. Para este cometido se aprobó en el Consejo Rector la resolución del contrato a la empresa Ferroser para la gestión de la piscina de Astilleros, la cual ni siquiera inició el contrato. Un informe técnico-jurídico emitido por el Director-Gerente y el Secretario del IMD, avalado por la intervención municipal, argumentó que el Consejo Rector procediera a indemnizar a dicha empresa por el perjuicio sufrido además de otros gastos de almacenaje con una cantidad total de unos 25.000€. Lógicamente, dicho acuerdo lo rubrica la empresa y lo autoriza la propia Alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. Informe cuyos fundamentos generalizados justificaban un mejor funcionamiento del servicio y mayor ahorro económico. Decir que todo está reflejado y rubricado en las diferentes actas del Consejo Rector, en los informes técnicos emitidos por el Gerente del IMD, y en los acuerdos que firma la propia Alcaldesa, denuncian desde la sección sindical.

Para Autonomía Obrera no se entiende como el Ayuntamiento de Cádiz permite y consiente tanto derroche económico sin necesidad. Si en el anterior pliego se utiliza que por cuestiones técnicas, jurídicas y políticas corresponde una forma de gestionar los servicios, con el consiguiente ahorro económico y que además conllevó una indemnización de miles de euros a una empresa, como es que ahora en donde "dije digo digo diego" y vuelven a utiliza los mecanismos anteriores a los que defendieron. Procedimiento difícil de entender, sin informes técnicos, ni comunicados ente las distintos organos implicados en todo este despropósito.

El Consejo Rector, sin embargo, hace dos días en su web, en el perfil del contratante, retira todos los pliegos de condiciones con una excusa sorpresiva e incoherente, que puede dar lugar a que dicho procedimiento se esté realizando al margen de lo dispuesto en la legislación vigente.

Dicho anuncio tiene como excusa, según el IMD, que el listado recibido de trabajadores subrogados no está correcto, responsabilizando de ello a la empresa actual, algo que no nos preocupa ni nos afecta, ya que la legislación al respecto es clara, tanto en los Estatutos de los Trabajadores como en el convenio colectivo de aplicación. Está todo tipificado y muy claro.

Desde Autonomía Obrera recuerdan al IMD que en la sucesión de empresas, tanto la entrante como la cesante son las que tienen y deben dirimir cualquier cuestión laboral. A no ser que la preocupación y la injerencia tanto del Director-Gerente como del Concejal de Deportes, no sea otra que la de querer decidir ellos quienes son los que tienen que estar en una lista, en otra o en ninguna.

Para el sindicato, resulta llamativo que el Consejo Rector utilizando la excusa de la lista de subrogación, ejecute la renuncia en un procedimiento ya iniciado y publicado en los distintos boletines y tenga que llevar a cabo el "borrón y cuenta nueva". Mucho nos tememos que la estratégica política del ayuntamiento, siendo consciente de todas las irregularidades que han cometido en todo el proceso y hemos reflejado en el recurso que presentamos el 10 de marzo del presente, sea utilizar una excusa absurda para posteriormente, a partir de junio, licitar los pliegos tal como lo sacaron.

El Concejal de Deportes como máximo responsable del área, tiene la obligación de responder públicamente del derroche económico por la indemnización a la empresa Ferroser, la cual, ni siquiera llegó a iniciar el servicio. Y también por el cambio radical en los argumentos del pliego de los Servicios Técnicos, así como por el informe técnico, el cual aconsejaba y avalaba todos estos cambios. Y la propia Alcaldesa, que recordamos que también es la Presidenta del IMD, por su aprobación y beneplácito a todo este asunto, asesorada por el gabinete jurídico y la intervención municipal. Y ahora resulta que tiraron a la basura más de 25.000€, los cuales dieron a una empresa sin prestar servicio y ahora, con todos estos cambios, tanto administrativos, técnicos y políticos, pueden provocar múltiples denuncias tanto laborales como de derechos administrativos, han denunciado.

 

 


 

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