La falta de transparencia del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera ha sido denunciada públicamente por AGADEN-Ecologistas en Acción, debido a la ausencia de respuesta a múltiples solicitudes de acceso a la información pública. Estas solicitudes incluyen asuntos de interés ambiental y social, como la gestión de residuos, la planificación urbanística sostenible, la presencia de materiales peligrosos en el municipio y los proyectos de energías renovables.
El acceso a la información pública es un derecho fundamental recogido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. AGADEN-Ecologistas en Acción destacó que "el acceso a la información pública no es solo un derecho recogido en la normativa, sino también un requisito esencial para la construcción de una sociedad democrática y participativa".
Desde la organización ecologista subrayaron la importancia de la transparencia en el ámbito ambiental, argumentando que esta "resulta fundamental para que la sociedad pueda monitorear y evaluar el impacto de las políticas públicas sobre su entorno, promoviendo decisiones informadas y responsables que velen por el bien común".
La opacidad demostrada por el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, según AGADEN-Ecologistas en Acción, no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también dificulta la labor de vigilancia y defensa de los derechos sociales y ambientales por parte de las organizaciones y la ciudadanía. Según indicaron, "la falta de respuesta provoca un debilitamiento del sistema democrático".
En un escenario en el que los retos locales y globales, como el desarrollo sostenible, exigen una gestión pública responsable, calificaron de inadmisible que un ayuntamiento incumpla las normativas de transparencia, particularmente en temas que afectan directamente la calidad de vida y la sostenibilidad del territorio.
Ante esta situación, AGADEN-Ecologistas en Acción ha solicitado la intervención del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, con el objetivo de que esta institución inste al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera a cumplir con sus obligaciones legales.
Finalmente, destacaron que "el acceso a la información ambiental es un derecho básico reconocido, que obliga a las administraciones a garantizar la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones".
