La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), liderando como primera fuerza sindical multiprofesional en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), se ha concentrado ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz con el fin de exigir la adecuación y recatalogación de los grupos de clasificación profesional del personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la actualización de sus funciones. Esta acción se enmarca en una serie de protestas de carácter nacional, realizadas en las capitales de todo el país, para instar al Gobierno de España a actualizar las categorías profesionales conforme lo estipula el Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 76, encontrándose actualmente obstaculizada por una disposición transitoria de 17 años de antigüedad que impide su aplicación efectiva.

Alberto Puyana, responsable de Sanidad de CSIF Cádiz, ha señalado la prolongada lucha contra condiciones laborales adversas en el sistema sanitario andaluz, marcadas por la presión laboral, la escasez de recursos y la saturación de los servicios. Puyana destaca la urgencia de demandar a los responsables políticos mejoras en las condiciones laborales y el reconocimiento adecuado para los profesionales de la sanidad. La central sindical también ha tomado medidas a nivel del Parlamento Europeo para que se reconozca a los Técnicos Superiores de Sanidad, de Radiología y Laboratorio, entre otros, con estudios de Grado Universitario, facilitando así la libre circulación de trabajadores dentro de la Unión Europea.

Esta situación se agrava con el retraso en la recatalogación de Técnicos Medios y Superiores y las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) tras la implementación del Plan Bolonia, lo que ha resultado en una pérdida adquisitiva significativa para estos colectivos, estimada entre 200 y 400 euros mensuales. La crítica central de CSIF se dirige hacia la Administración por prolongar la demora en la actualización de las categorías profesionales, argumentando el coste económico que esto implicaría, al tiempo que se exige la titulación correspondiente para el acceso a categorías profesionales que están mal clasificadas a efectos retributivos.

 


 

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