DomusVi, la actual empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio en el Ayuntamiento de Cádiz, ha sido condenada a pagar 60.000 euros a 25 trabajadores. La resolución judicial, emitida tras una denuncia del Comité de Empresa ante la Inspección de Trabajo, determinó que DomusVi infringió la legislación laboral al otorgar 36 horas de descanso semanal en vez de las 48 horas legalmente establecidas.
El caso, llevado a los tribunales por el sindicato Autonomía Obrera en representación de las 25 trabajadoras demandantes, culminó en un acto judicial el pasado 14 de noviembre en el Juzgado de lo Social nº2 de Cádiz. A pesar de las ofertas de acuerdo previas por parte del letrado de DomusVi, calificadas por las trabajadoras como "un insulto a su labor", y la amenaza de apelar "hasta las últimas consecuencias" -según ha informado el sindicato a Portal de Cádiz-, el juicio se celebró.
Las trabajadoras evidenciaron en el juicio la imposición de un horario laboral que vulneraba su derecho al descanso semanal, una práctica extendida desde julio de 2019, conocida por la empresa. La sentencia establece que las trabajadoras deben recibir compensaciones que varían entre 700 y 2300 euros, más un 10% de intereses de demora desde marzo de 2021.
Este fallo judicial no solo pone en relieve la situación de las trabajadoras de DomusVi, sino también de Clece, la anterior adjudicataria del servicio. Ambas empresas, según el comunicado, han incumplido el tiempo de descanso durante más de una década, con la complicidad de los sucesivos gobiernos municipales.
El comunicado enfatiza la necesidad de una reevaluación integral del sistema, mencionando la posibilidad de municipalizar el servicio como una garantía de dignificación laboral. Se critica la simplificación del problema por parte del Ayuntamiento de Cádiz, que se limita a hacer atractivo el pliego de condiciones para las empresas, ignorando las condiciones laborales de los trabajadores.
Finalmente, el Colectivo de Ayuda a Domicilio apuesta por la municipalización del servicio como solución a la precariedad salarial y el maltrato laboral en este sector. La decisión judicial subraya la necesidad de atención a largo plazo a estas problemáticas en el servicio de ayuda a domicilio en Cádiz.
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