Alcaldes y concejales de IU en la provincia, acompañados por el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez y miembros de la dirección provincial de IU, se han concentrado hoy frente a la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz para exigirle a la Junta que aumente en un 20% (lo equivalente a un millón de euros para toda Andalucía) la partida destinada al PFEA (Plan de Fomento del Empleo Agrario) 2022 de cara a cubrir el incremento que a su vez han tenido los materiales necesarios para las obras que se desarrollan en los municipios de la provincia, al igual que en el resto de Andalucía.
“Los alcaldes y alcaldesas que firman este manifiesto queremos poner de manifiesto nuestra firme decisión de seguir trabajando para que el PFEA siga adelante, para que, a pesar de la no disposición de la Junta de Andalucía, ésta recapacite y sea capaz de contribuir con la parte que le corresponde en un proyecto que vertebra nuestra Comunidad Autónoma”, ha señalado la alcaldesa de Espera (IU), Tamara Lozano, que junto a los alcaldes de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro (PSOE) y de Setenil de las Bodegas (Rafael Vargas), han dado lectura a un manifiesto por el que se reclama al Gobierno andaluz que deje de mirar para otro lado y asuma el incremento de materiales para evitar que se pongan en peligro cientos de jornales.
El responsable de Política Institucional de IU Cádiz y alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, ha lamentado la negativa del Partido Popular a abonar esta subida de los materiales, como consecuencia de la pandemia y de la situación bélica en Europa y ha acusado al Gobierno de la Junta de “imposibilitar que los ayuntamientos podamos terminar las obras y justificarlas, tanto al Ministerio, como a la Junta de Andalucía como a la propia Diputación”. Aguilera ha señalado que, con esta negativa de la Junta de Andalucía de poner ese incremento de los precios, cuando hay ya por parte del Instituto Nacional de Estadísticas datos de que han subido los materiales en un 35%, esta negativa, lo único que va a conseguir es poner en riesgo los 250.000 jornales que se dan a través del PROFEA, de que más de 40 pueblos no puedan terminar sus proyectos y todas estas obras que están disfrutando en los municipios no puedan llegar a ejecutarse”
“Denunciamos y no entendemos cómo un programa tan importante para zonas rurales, donde se esta sufriendo la despoblación y donde el empleo se mantiene fundamentalmente con programas como el PFEA, se pone en riesgo de esta manera; supone un retroceso importante en los pueblos de la provincia de Cádiz, con la tasa de paro que tiene a nivel europeo”, ha declarado el alcalde de Alcalá del Valle, que ha recordado que la Diputación de Cádiz sí ha asumido el incremento de la parte que le corresponde a través de un aumento en las partidas presupuestarias.
El PSOE pide a Moreno Bonilla que intervenga dada la insensibilidad mostrada por el consejero de Justicia sobre la reclamación en el PFEA
El secretario general del PSOE de Cádiz y presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha pedido esta mañana al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, que intervenga en el conflicto creado en torno a la subida de precios y la ejecución del PFEA, dada la insensibilidad mostrada la semana pasada por el consejero de Justicia, Administración local y Función Pública, José Antonio Nieto.
En un manifiesto leído por alcaldes portavoces del PSOE, IU y Andalucía por Sí en representación de la mayoría de los regidores de la provincia, han reclamado al Gobierno andaluz que incremente en un 20 por ciento, es decir en un millón de euros, la partida destinada al PFEA 2022 para poder afrontar la adquisición de los materiales, de la misma manera que la Diputación de Cádiz ya ha reasignado ese aumento del 20 por ciento de su presupuesto para garantizar la ejecución del PFEA. Piden a la Junta que “recapacite y sea capaz de contribuir con la parte que le corresponde en un proyecto que vertebra nuestra Comunidad Autónoma”.
Ruiz Boix ha advertido contra la tentación del PP de “hacer cirugía contra el PFEA” y ha lamentado que un programa que siempre ha sido un ejemplo de cooperación administrativa termine siendo una fuente de conflicto y pueda quedar en riesgo ante la negativa de la Administración regional a aportar el aumento de los costes de los materiales ocasionado por las consecuencias de la pandemia y la guerra en el Este de Europa.
El también presidente de la Diputación ha realizado un anuncio importante en este acto y es que ha dado orden ya para que la institución provincial asuma el sobrecoste para aquellos municipios (Alcalá del Valle, Ubrique, Villamartín, Trebujena y Setenil de las Bodegas) que gestionan autónomamente el programa, “aquellos que no son gestionados directamente por la Diputación pero donde esta sí coopera”, ha precisado y por eso, pide a la Junta que tenga ese mismo gesto.
Ruiz Boix lamenta que “la Junta no quiera reconocer la realidad realidad que desgraciadamente sufre el conjunto de Europa, también nuestro país, por la elevación de los precios” y subraya que “las obras no son solo calles o infraestructuras deportivas de competencia local, también centros de salud que luego pasan a formar parte del patrimonio de la Junta pese a estar construidos con el esfuerzo de los empleados del mundo rural y con los materiales aportados por parte de la Diputación Provincial de Cádiz y de los ayuntamientos”.
El dirigente socialista ha recriminado “la desidia” mostrada por Nieto en la reunión que mantuvo con él en Sevilla, “esa respuesta negativa sin un studio” y ha advertido de que la subida de la PATRICA para 2023 solo crece un 1,9 por ciento cuando la participación de ingresos del Estado de la propia Junta Andalucía ha crecido un 9 por ciento”.
Con el rechazo de la Junta, se ponen en riesgo más de 214.000 jornales y más de cien obras en los 41 municipios de la provincia, según ha explicado Ruiz Boix, que justifica la subida de la partida en un millón de euros “para aliviar la economía de los municipios, asegurar la continuidad de las obras para que puedan llegar a término”. De lo contrario, asegura que no se entendería “la discriminación y el castigo” que realiza el gobierno de Juanma Moreno del Partido Popular hacia el ámbito rural “con este programa al que quieren introducir cambios notables en la gestión del programa, según han dicho”.
Al hilo, indica que “hay que hablarle a todo agricultores y a todos los beneficiarios de este programa para que estén atentos a las medidas que la derecha quiera realizar desde esa mayoría absoluta que hoy tienen frente a quienes sostenemos que hay que asegurar el que haya un jornal mínimo para poder seguir teniendo una vida digna y para seguir fijando la población en los municipios del ámbito rural”.
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