FACUA Cádiz denuncia el grave perjuicio que va a ocasionar a los usuarios el desalojo forzoso que la Junta de Andalucía se ha visto obligada a realizar de las dependencias judiciales ubicadas en San José. A juicio de esta organización, esta situación va a ocasionar que la resolución de las demandas de los usuarios se alargue durante meses, aumentando, de esta manera, el retraso considerable que ya de por sí vienen padeciendo la tramitación de estos procedimientos.
La asociación responsabiliza de esta situación a la administración autonómica, a la que acusa dejadez y falta de interés, dado que, a pesar de la evidente situación calamitosa que estas dependencias padecían desde hace años, no ha realizado ninguna gestión en búsqueda de una alternativa que evitara la situación que ahora se ha producido.
Concretamente, para FACUA Cádiz resulta incomprensible e inadmisible que tras el desalojo del mercado de abastos que compartía edificio con estas dependencias, que se llevó a cabo en julio de 2021 por orden de la propia Junta de Andalucía, ante las deficiencias sanitarias encontradas en el mismo, la administración autonómica no efectuara de forma inmediata el traslado de las oficinas judiciales a otra ubicación evitando, de esta forma, la paralización de la actividad que ahora va a padecerse.
La asociación señala que el pasado mes de julio solicitó reunirse con la Delegada del Gobierno de la Junta, Mercedes Colombo, con la finalidad de, entre otros asuntos, de plantearle su preocupación por el retraso que está sufriendo el proyecto de la ciudad de la justicia y trasladarle la preocupación de esta organización por la falta de medios que padece la administración judicial en nuestra provincia y, en relación con ello, trasladarle su preocupación por la precaria situación de las dependencias judiciales, particularmente, en la ciudad de Cádiz. Lamentablemente, la representante del gobierno autonómico no ha atendido la petición de FACUA Cádiz, con la que, hasta la fecha, continúa sin reunirse.
Ante esta situación, FACUA Cádiz considera oportuno que los representantes de todos los sectores afectados por el cierre de los juzgados de S. José se movilicen exigiendo a la Junta de Andalucía medidas urgentes e inmediatas que eviten el retraso de los procedimientos y, al mismo tiempo, reclamarle la mejora de las infraestructuras judiciales y un incremento de los recursos económicos que se destinan a esta administración.
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