Ana Carrera y Dani Perea, de la dirección provincial del PSOE en Cádiz, han informado esta mañana sobre la situación de las ayudas del bono de alquiler joven en la provincia. Según han explicado, la provincia de Cádiz ha perdido casi 7 millones de euros de los 15 millones de euros asignados inicialmente por el Gobierno de España para este fin. Esta reducción de fondos, según los dirigentes socialistas, es consecuencia de la gestión inadecuada de la Junta de Andalucía.
En una rueda de prensa, Carrera ha indicado que Cádiz ha sido nuevamente marginada en la distribución de estos fondos estatales, los cuales fueron asignados teniendo en cuenta el alto índice de desempleo juvenil en la región. "Cádiz vuelve a ser la gran olvidada del Gobierno de Moreno Bonilla", afirmó, y añadió que es esencial que "el Gobierno andaluz actúe para revertir esta situación y asegurar que los fondos lleguen a los jóvenes de la provincia que necesitan esta ayuda para emanciparse". La secretaria propuso que se realice una nueva convocatoria para asegurar una correcta administración de los fondos.
Por su parte, Perea ha criticado duramente la implementación del programa por parte de la Junta, describiéndola como "un despropósito total desde el principio". Explicó que Andalucía fue una de las últimas comunidades autónomas en iniciar el programa, que ha estado marcado por problemas técnicos que impidieron a muchos jóvenes acceder a la solicitud en línea. Además, señaló que un criterio de selección erróneo llevó a que solo se aceptaran las primeras 14.000 solicitudes, agotando rápidamente los recursos disponibles.
Ambos dirigentes han subrayado la desigualdad en el trato hacia la provincia en comparación con otras, lo que, según Carrera, ha llevado a una "vulneración de los derechos" de los jóvenes gaditanos, quienes no pudieron recibir la ayuda a pesar de contar con ella inicialmente. "No vamos a ser cómplices de este atropello", aseguró Carrera, haciendo énfasis en la difícil situación del desempleo juvenil en Cádiz y la necesidad de medidas efectivas para apoyar la independencia de los jóvenes.
Además, Perea ha indicado que la provincia fue una de las que más fondos recibió inicialmente, lo que hace aún más grave la reducción casi a la mitad de los mismos. "Vemos que por ese criterio de adjudicación totalmente injustificado nos quitan de un plumazo casi 7 millones para redistribuirlos en otras provincias donde fueron más rápidos", comentó, sugiriendo que esta redistribución ha sido mal gestionada.
Finalmente, Perea ha anunciado que desde el PSOE se apoyará a la plataforma de afectados del bono de alquiler joven en la provincia de Cádiz, incluyendo la posibilidad de emprender acciones legales para reclamar una solución a esta problemática.
En respuesta a estas declaraciones, Samara Ortiz, presidenta de NNGG por el PP en Cádiz, ha defendido la gestión del bono por parte de la Junta. Ortiz ha aclarado que las variaciones en el presupuesto asignado se deben a que el número de solicitantes en la provincia fue inferior al inicialmente previsto, mientras que en otras provincias la demanda superó las expectativas.
"No hay nada más detrás de esta redistribución de los fondos salvo optimizar el dinero para que llegue al mayor número de jóvenes lo antes posible", afirmó.
Además, criticó al PSOE por lo que considera un intento de generar conflictos provinciales innecesarios sobre una convocatoria que se rige por un sistema de concurrencia no competitiva, asegurando que todos los jóvenes que cumplieron con los plazos y requisitos están siendo atendidos adecuadamente.
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