El Ayuntamiento de Cádiz reitera que el sistema de adjudicación de los chiringuitos se ha realizado a través de un concurso, no de subasta tal y como, según lo publicado en varios medios de comunicación, afirma la Federación Andaluza de Empresarios de Playas.
Este sistema de adjudicación por concurso está reflejado en el pliego de condiciones técnicas para la adjudicación publicado en el perfil del contratante de la web municipal www.cadiz.es. No en vano, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público establece la distinción entre el concurso y la subasta a través de varios criterios de selección, que es lo que estipula el pliego de condiciones.
Según el Equipo de Gobierno, se trata de un pliego que ha sido elaborado en base a los criterios de los técnicos municipales teniendo en cuenta que lo que hace el Ayuntamiento es otorgar una concesión para un servicio que se trata en dominio público no municipal, que debe ser objeto de una protección especial, que el plazo de adjudicación es ahora de diez años prorrogables a cuatro más, -no de cinco como se hacía anteriormente-, lo que ofrece al empresario mayor seguridad y margen para amortizar la inversión inicial, y que los chiringuitos podrán permanecer abiertos desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre.
Aparte del criterio económico, el Equipo de Gobierno señala que hay otros igualmente objetivos como son el cumplimiento de una serie de normas que refuerzan la calidad y la excelencia de este servicio que se da en una playas consideradas como las mejores del sur de Europa y que cuentan con reconocimientos como la Bandera Azul de los Mares Limpios de Europa, la Q de Calidad Turística de Aenor y la certificación ISO 14.001.
Debe tenerse en cuenta que los criterios técnicos tienen menor peso en la oferta porque ya están explícitamente definidos en el propio pliego en el afán del Ayuntamiento por proteger este espacio de dominio público con un modelo tipo que aporte uniformidad a los chiringuitos.
"Los chiringuitos prestan un servicio cuyos receptores directos son los ciudadanos, por lo que el Ayuntamiento debe adoptar una serie de cautelas". Los licitantes deben acreditar su solvencia económica, financiera, técnica y profesional; indicar las medidas de gestión medioambiental que podrán aplicar; y cumplir con los requisitos del sistema integrado de gestión de playas, en base a la normativa europea.
El propio pliego de condiciones recoge de manera explícita que la fórmula elegida es el concurso con más de un criterio de selección, y que la adjudicación puede ser decidida por la puntuación otorgada a la mejor oferta técnica.
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