Miguel Osuna - Cádiz / Trekant Media

El que fuera delegado especial en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz entre 2001 y 2004, Miguel Osuna, comenzó su comparecencia ante los medios de comunicación dando las gracias a su abogado, Felipe Meléndez.

"Soy inocente", así continuó su comparecencia a los medios de comunicación, Miguel Osuna. "Después de mucho tiempo cuando parecía que todo era bastante evidente lo que había pasado, y desde que me acusaran hace ya 11 años, ahora puedo decir que el Tribunal Supremo ha dicho que soy inocente", aseguró.

La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo declara probado que el programa "Rilco" se llegó a realizar, se pagó por él lo que valía y fue recepcionado por las personas que tenían que serlo en tiempo y forma. A Miguel Osuna le pedían una condena de 13 años de cárcel.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo declara justo lo contrario, que el programa no se recepcionó, que no se hizo y que lo que se entregó tenía una cuantía menor que lo que se abonó por él.

Según Miguel Osuna "esta Sala se basa en el supuesto informe de la Universidad de Sevilla, cuyo resultado, se conoció 40 días antes de que se encargara la realización de dicho informe".

Como había discrepancias en la valoración, el Juez nombró un perito judicial y todos juntos en la vista oral lo valoraron. "Esto fue determinante para lo que ahora ha dicho el Tribunal Supremo", comentó Osuna.

Van a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por violación de su derecho a la tutela judicial efectiva, "creo que ha habido muchísimas irregularidades por parte de la acusación particular", asegura Miguel Osuna, posteriormente van a presentar un recurso de nulidad de todos los procedimientos en los que han intervenido tanto D. Manuel Ponce Ariadne y D. José Aurelio Ruíz Piña, ambos hasta hace poco abogados del Estado.

"Ambos son colaboradores necesarios en los delitos por los que se ha condenado al señor Rodríguez de Castro", afirma Miguel Osuna.

"La Abogacía General del Estado utilizó dos informes hechos por la Abogacía del Estado en Cádiz con fecha 8 y 18 de enero de 2001 para intentar demostrar que Rodríguez de Castro había antedatado un contrato y que yo debía saberlo", ha explicado.

Miguel Osuna lamenta que ha sufrido un linchamiento moral durante once años, "en vez de reconocer que habían metido la pata, y que yo en mi actuación lo único que hice fue seguir los consejos e informes que ellos me habían dado".

Una vez que presente los recursos anteriores, presentará "una demando civil o penal solicitando daños y perjuicios por el anormal funcionamiento de Zona Franca y por denuncia falsa". Osuna también solicitará además de los gastos ocasionados y los daños morales, una indemnización de 2,6 millones de euros.

Sobre el embargo de sus bienes, Osuna indica que lo que pesan sobre él son anotaciones preventivas de embargo y no el embargo en sí.

Sigue siendo militante del PP e indica que su defensa la ha pagado él y que le han ayudado amigos militantes del PP y amigos militantes del PSOE.

Osuna presentará una querella con el Grupo Municipal Socialista para pedir "la correspondiente indemnización por acusación falsa", asegura. También comenta chantajes por parte de socialistas de Cádiz, "a través de amigos en común, por lo menos tres socialistas de Cádiz me han llamado para decirme que echara un poco de mierda a Teófila Martínez o a algún concejal del PP y te quitamos de en medio", ha afirmado.

Recalca que "por mucho chantaje que me hagan no voy a ceder, porque no tenía ningún motivo para echarle el muerto a nadie, era un marrón que me tenía que comer y me lo comí".

El lunes pasado se conoció el fallo del Tribunal Supremo en la confirmación de pena de ocho años de cárcel para el exdelegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro y por lo tanto la confirmación de absolución de Miguel Osuna y otras tres personas, un director de RILCO y un matrimonio estadounidense encargo del contrato.

RILCO (Red Iberoamericana de Logística y Comercio, S.A) era una sociedad privada instrumental dependiente del Consorcio de Zona Franca de Cádiz, cuyo presidente era el propio Rodríguez de Castro, enfocado a portal de comercio electrónico.

 

 


 

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