El Pleno de Diputación ha aprobado por unanimidad la intervención de la institución provincial en dos programas planteados para generar empleo. A iniciativa del grupo Popular ha aceptado solicitar a la Junta de Andalucía el diseño de un programa específico para la provincia de Cádiz basado en la creación de infraestructuras y equipamientos productivos. En rigor la Corporación ratificaba una propuesta que ya anticipó el presidente de Diputación, José Loaiza, antes de Semana Santa y que se ha solicitado formalmente a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a través de una carta.
En la sesión plenaria el responsable de Empleo en Diputación, Ignacio Romaní, ha defendido la necesidad de "cofinanciar este tipo de iniciativas" para que todas las instituciones se sientan responsables de sus resultados; al respecto, confía en que –al igual que asume Diputación- la administración autonómica aporte recursos propios y no se limite a trasvasar subvenciones procedentes de la Unión Europea. Romaní recordó que la institución provincial, pese a carecer de competencias para crear empleo, aplica –hasta el año 2015- el Marco Estratégico Provincial de Desarrollo Económico, que agrupa un presupuesto de más de 85 millones de euros y que fue adoptado por la Confederación de Empresarios de Cádiz, UGT y Comisiones Obreras.
También se validó por unanimidad la propuesta de Izquierda Unida que reclama la participación de Diputación en la Iniciativa Territorial de Inversión (ITI) aprobada para la provincia de Cádiz. Este instrumento ha sido aprobado por la Unión Europea al Gobierno de España y en su financiación convergerán fondos europeos, estatales y autonómicos. Para el Estado español se han aprobado tres iniciativas de este tipo que estarán en vigor en el sexenio 2014-2020; una de ellas se dedicará a la provincia de Cádiz.
PP e IU coincidieron en dos propuestas sobre un mismo escenario: la finca Majarambú, en Castellar. Ambas iniciativas pretenden que en este enclave se puedan desarrollar proyectos agrícolas y ganaderos, con criterios de sostenibilidad ambiental y preservando su carácter público. Se reclama la cesión de la finca al Ayuntamiento de Castellar y la colaboración de la Junta de Andalucía en la activación de estas nuevas iniciativas. El PP, a través de Inmaculada Olivero, aludió al convenio que se firmó en 2007 entre el Ayuntamiento y el Instituto Andaluz para la Reforma Agraria, mientras que IU expuso que la Universidad de Córdoba ya concretó un proyecto sobre Majarambú que podría ser una primera materialización del banco de tierras de Andalucía. Las propuestas se aprobaron con los votos favorables de PP, IU, PA y Foro Ciudadano y el rechazo del grupo socialista. Los acuerdos se trasladarán a la Junta de Andalucía.
En el ámbito del empleo también se apoyó, por unanimidad, una propuesta del PSOE que reclama una reducción del IVA que se aplica a las peluquerías. Este sector pasó, tras la última reforma tributaria, del 8 al 21 por ciento de gravamen. El Pleno solicita al Gobierno central que reconsidere los efectos negativos de este incremento e incorpore las peluquerías en el actual tipo reducido, cifrado en el 10%.
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