El Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un dictamen en el que, dándole la razón a CSIF, reprocha a la Diputación provincial de Cádiz no haber indemnizado a cuatro trabajadoras por sufrir las consecuencias de un proceso selectivo que fue declarado ilegal por los tribunales de Justicia. Para CSIF, este dictamen es “muy importante, ya que es la primera vez que se reconoce la responsabilidad patrimonial de la Administración sobre trabajadores que se vieron en una situación de agravio como esta”.  

El perjuicio ocasionado a estas trabajadoras comenzó en 2013, cuando se modificaron arbitrariamente los criterios para puntuar un examen de acceso a las residencias de mayores de Cádiz y de El Puerto. Tras las denuncias de las trabajadoras afectadas, y el asesoramiento jurídico de este sindicato, la bolsa de empleo que se constituyó tras aquellas pruebas de acceso irregulares fue anulada y, después de un “rosario de recursos y demandas”, en 2019 se publicó el baremo definitivo conforme a la ley, ordenando de una manera más justa la bolsa de empleo. Sin embargo, cuatro trabajadoras denunciaron que desde 2013 hasta 2019 habían sufrido un perjuicio económico, al no haber sido contratadas desde un principio,

En concreto, el dictamen del Consejo Consultivo Andaluz, que aunque no es vinculante (pero sí preceptivo para una administración cuando se reclaman más de 15.000 euros) reconoce “que se dan todos los requisitos necesarios para que exista la responsabilidad patrimonial, especialmente la existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas,  la  relación de causalidad y la antijuridicidad del daño”.  

Ante todo esto, CSIF espera que la Diputación abandone su política de discriminación sobre unas trabajadoras que sufrieron un trato injusto desde 2013 a la hora de presentarse a un proceso selectivo público, y asuma que debe indemnizarlas por todo ello.

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