La Diputación de Cádiz resolvió 955 expedientes de Ayudas Económicas Familiares por importe de 296.681 euros en el año 2021. Se trata de prestaciones complementarias que ofrecen los Servicios Sociales Comunitarios, de carácter temporal, a través de aportaciones económicas o en especie, que se conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de menores a su cargo, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello.
Las Ayudas Económicas Familiares están dirigidas a la prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones de dificultad o riesgo social para los menores e implican una intervención social complementaria. El objetivo es poder desarrollar las acciones con carácter preventivo.
El diputado responsable de estos programas, David de la Encina, ha mostrado su satisfacción por los resultados alcanzados por los servicios comunitarios provinciales y ha destacado que en 2021 estos programas “han permitido la permanencia e integración en el entorno familiar y social, de menores vulnerables y evitar así situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias”.
La Diputación gestiona el programa de Ayudas Económicas Familiares en los 30 ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de la provincia. Con estas ayudas se permite a las familias vulnerables atender necesidades básicas de crianza y alimentación, así como higiene, vestido y calzado de menores. Además, cuando existen disfunciones educativas y psicosociales que puedan suponer un riesgo para su desarrollo integral, es necesaria la aplicación de un Proyecto de Intervención Familiar, que contribuya a superar la situación, sobre la base del compromiso de la familia, en función de sus posibilidades de cambio y de acuerdo a los objetivos planteados en el mismo.
Excepcionalmente, en casos debidamente motivados por las circunstancias de la unidad familiar, podrán incluirse otros como alquiler, suministros básicos de electricidad, gas y agua, así como adquisición de mobiliario y enseres básicos, que directamente incidan en el bienestar del menor.
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