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La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, cuyos inspectores urbanísticos paralizaron el pasado año 60 construcciones que se habían levantado en suelo no urbanizable en El Palmar, en el municipio gaditano de Vejer de la Frontera, ha constatado la rotura de bridas y precintos en al menos 14 de esas viviendas para la terminación de las obras y su alquiler posterior a turistas. Ante esta situación, se está procediendo a imponer a los propietarios de dichas viviendas precintadas  multas coercitivas por cuantías de hasta 24.483 euros cada diez días hasta que las viviendas no se pongan a disposición de la Junta para volver a ser precintadas y cesen los alquileres vacacionales y usos de los inmuebles.  

En el marco de las actuaciones en materia de disciplina urbanística que la Junta de Andalucía viene desarrollando en el ámbito de El Palmar, el pasado año la Consejería de Fomento frenó la construcción de unas 60 viviendas, la mayoría de ellas prefabricadas, instaladas sin ningún ningún tipo de licencia e incumpliendo gravemente la normativa territorial y urbanística. Para evitar su avance, se dictó órdenes individualizadas de suspensión y se procedió a su precinto, en estrecha colaboración con la Policía Nacional adscrita a la Policía Autonómica y la Guardia Civil. Sin embargo, durante las posteriores visitas giradas por la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo, acompañados por la Policía Autonómica, se ha constatado de forma expresa la rotura de las bridas y precintos practicados en al menos catorce de las sesenta viviendas para terminar las obras y alquilarlas. 

Ante esta situación, la Consejería de Fomento actuará con la máxima contundencia contra esos propietarios que, deliberadamente y a sabiendas de la ilegalidad de su conducta, están aprovechando el atractivo turístico de esta zona para lucrarse alquilando las viviendas precintadas durante los meses de verano a altos precios. De hecho, se ha constatado por la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo  que alguno de los lotes precintados cuentan con suministros de energía eléctrica (autogeneradores) y abastecimiento de agua, y que están siendo objeto de alquiler vacacional en su mayor parte, bien a través de plataformas digitales o directamente por la propiedad. Los asombrados inquilinos, procedentes de diversas partes de la geografía nacional, aseguran que los dueños de las parcelas les han arrendado el inmueble por importes de hasta 1.000 euros semanales o 3.500 euros al mes.  

Ante la gravedad de las actuaciones, la Junta de Andalucía está procediendo a instar el inmediato cese en el uso indebido de las viviendas, habida cuenta que las órdenes de suspensión y precinto se encuentran confirmadas incluso judicialmente, para garantizar la salvaguarda de la normativa territorial, medioambiental y la seguridad y salubridad de las personas.

Además, se está procediendo a imponer a los propietarios de dichas viviendas precintadas  multas coercitivas por cuantías de hasta 24.483 euros por incumplimiento de las órdenes de suspensión, que se repetirán cada diez días hasta que las viviendas no se pongan a disposición de la Junta de Andalucía para volver a ser precintadas y cesen los alquileres vacacionales y usos de los inmuebles. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades de orden penal en que pudieran incurrir quienes incumplen el deber de suspender las obras y proceden a romper los precintos. La Junta pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para la exigencia de la responsabilidad penal que proceda, por lo que los responsables se enfrentan a la acusación de posibles delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo y también delito de desobediencia.

 

Más inspecciones año a año

El incremento de la actuación inspectora es fruto de la labor de reestructuración y refuerzo de la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo que, en la medida de lo posible, ha optado por potenciar las medidas preventivas frente a las represivas y por una mayor presencia en el territorio del personal inspector. 

En sólo dos años, la Junta ha duplicado el número de expedientes tramitados. Frente a los 557 en 2018, último año de la legislatura anterior, en 2019 se tramitaron 965 expedientes, un 73 por ciento más y en 2020, a pesar de la pandemia, fueron 1.087, lo que supone un incremento del 12 por ciento respecto 2019 y un 95 por ciento más si se compara con 2018. Hasta el día 22 del pasado mes de julio, se han realizado ya 1.009 actuaciones, superando ya las de 2019 e igualando prácticamente a las de 2021, por lo que en el presente ejercicio seguirá esa tendencia alcista en el número de inspecciones. 

 

Incremento de las autodemoliciones

Otro de los indicadores a destacar del presente año 2021 es la tendencia de los infractores a llevar a cabo autodemoliciones. Así, en lo que va de año ya se ha comprobado la autodemolición de al menos once módulos prefabricados en el término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz), de dos edificaciones ilegales en el término de Cogollos de la Vega (Granada) , dos edificaciones en Ibros (Jaén) , de dos en Alcolea del Río (Sevilla), tres en Oria (Almería) y una en Santa Cruz de Marchena (Almería). Datos que evidencian que la labor inspectora y preventiva está dando sus frutos a la hora de concienciar a los propietarios de estos suelos, puesto que en años anteriores estas autodemoliciones no se producían. 

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