El gobierno de Andalucía, formado por PP y Ciudadanos, llegó a un acuerdo con VOX para “desatascar” la negociación y sacar adelante la Ley de Presupuesto de 2021. Dicho acuerdo consta de 32 puntos, algunos concernientes al ámbito educativo. Desde USTEA Cádiz queremos denunciar públicamente que este acuerdo supone un nuevo ataque a la educación pública.
Como era de esperar, el gobierno plantea un espaldarazo a la educación privada concertada a costa de la pública. En este sentido, desde USTEA ya hemos denunciado el proyecto de Orden que prepara la Consejería de Educación para extender los conciertos educativos a Formación Profesional y Bachillerato. Ahora en el acuerdo encontramos las primeras concreciones: se recoge para 2021 un incremento para FP y Bachillerato “equivalente a la concertación de 60 unidades”, y para 2022 un incremento nada menos que del 25% en estas unidades. El objetivo es obvio, y de hecho se explicita en el acuerdo: iniciar “un crecimiento sostenido” de la Formación Profesional y el Bachillerato concertado.
De ese modo el gobierno andaluz profundiza en su hoja de ruta privatizadora de la educación. La expansión de los conciertos a las etapas educativas no obligatorias, en combinación con el constante cierre de líneas en los centros públicos, supondrá un duro golpe para la educación pública que se hará notar, sobre todo, en ciudades como Cádiz, donde ya más del 60% de las plazas de educación obligatorias se ofrecen en centros privados concertados. Además de profundizar en la segregación y la desigualdad entre el alumnado, tendrá también serias consecuencias para el profesorado: la destrucción de empleo público. Lo que afectará sobre todo al profesorado interino, que será víctima de un “ERE silencioso” y verá cada vez más mermadas sus posibilidades de trabajar, pero también al funcionario, que además de correr el riesgo de salir desplazado de su centro, verá reducidas drásticamente las posibilidades de movilidad geográfica a través de las comisiones de servicio, lo que obstaculizará seriamente las posibilidades de conciliación.
Pero el acuerdo recoge también la amenaza de un nuevo intento de implantar el conocido como “PIN parental”. Así pues, en el apartado de “Revisión de acuerdos anteriores”, se dedica el punto 16 a las “autorizaciones de las familias en actividades complementarias en el sistema educativo”, donde se recoge “el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias”, con el manido pretexto de permitir “a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo”.
Nos parece cuanto menos sorprendente que el gobierno insista de nuevo en una propuesta que generó un gran rechazo en la comunidad educativa, lo que conllevó un evidente desgaste de la imagen pública del consejero de Educación, Javier Imbroda. Hasta el punto de que, en febrero de 2020, el consejero declaró a los medios que no se implantaría y que había generado un “debate estéril” que daba por “clausurado”. Exigimos al consejero Imbroda y a su delegado de Educación en Cádiz, Miguel Andréu Estaún, que expliquen a la comunidad educativa por qué se recupera ahora esta propuesta que ya desecharon en febrero tras un debate que el propio consejero calificó de “estéril”. Teniendo en cuenta, además, como ya advertimos desde USTEA en su momento, que dicha propuesta choca contra la legalidad vigente, a nivel autonómico y estatal. Recordamos ahora tan solo que las actividades complementarias forman parte del curriculum y tienen carácter obligatorio. Esta decisión, en fin, tiene la apariencia de ser un peaje del gobierno andaluz para conseguir el apoyo de la extrema derecha a los presupuestos.
Pero el acuerdo nos reserva otras sorpresas, como el fomento de las Escuelas Taurinas, a las que se destina unas partidas nutridas. En esto invierte el dinero nuestro gobierno mientras deja desatendido al alumnado NEAE -la Jefa de Servicio de Ordenación Educativa ha reconocido a USTEA Cádiz que apenas se cubren el 15% de horas necesarias de PTIS- o regatea en contratación de profesorado.
Desde USTEA Cadiz denunciamos este nefasto acuerdo, tan perjudicial para la educación pública. Volvemos a llamar a la comunidad educativa de la escuela pública, y concretamente al profesorado, a tomar conciencia del peligro que supone la extensión de los conciertos educativos a las etapas no obligatorias, a difundir esta información entre compañeras y compañeros de los centros, y a oponer al proyecto presentado por la Consejería de Educación. Exigimos al gobierno que desista de su hoja de ruta privatizadora y de reabrir una polémica que su propio consejero de Educación reconoció como “clausurada” y “estéril”.
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