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Monedas y billetes de Euros

Un matrimonio con dos hijos de La Línea de la Concepción, que se arruinó como consecuencia de los gastos que tuvo que afrontar tras diagnosticarse a la esposa una grave enfermedad, ha conseguido negociar con sus acreedores un acuerdo por el que sólo abonará el 50% de sus deudas. El acuerdo ha sido posible aplicando la Ley de Segunda Oportunidad. El expediente ha sido promovido y tramitado en menos de cuatro meses por el bufete MOREANA | Abogados.

Los problemas financieros de la familia se desencadenaron cuando a la esposa, I.M.E., se le diagnosticó una enfermedad grave, cuyo tratamiento ocasionó cuantiosos gastos médicos y farmacéuticos. Si bien hasta entonces la situación económica del matrimonio era equilibrada, para poder afrontar esos gastos y por alargarse el tratamiento y la recuperación la familia tuvo que pedir préstamo tras préstamo. La acumulación de créditos, con intereses cada vez más elevados, acabó abocándolos a la insolvencia.

“Conseguir el acuerdo no fue fácil”, afirma Guadalupe Pérez de Vargas, abogada algecireña responsable del asunto en MOREANA | Abogados. “En su desesperación el matrimonio llegó a acumular hasta 27 préstamos con bancos y financieras, incluyendo la hipoteca sobre su vivienda habitual, que podrían haber acabado perdiendo”. Gracias a la quita pactada, la familia conservará su casa, abonando la hipoteca, y pagará el resto de la deuda con bancos y financieras, reducida a la mitad, en cinco años y sin intereses.

Aunque la Ley de Segunda Oportunidad se promulgó en 2015, “sigue siendo muy desconocida, no sólo entre el público en general sino también entre abogados y economistas”, afirma Carlos Fidalgo Gallardo, socio director de MOREANA | Abogados y profesor en la Universidad de Sevilla. “Cuando se promulgó la ley, se quiso establecer un procedimiento ágil y sencillo, en línea con los que existen en otros países europeos, que sirviera para rescatar a particulares y empresarios arrastrados por la crisis de 2008”. Sin embargo “en general se considera que la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad ha sido un relativo fracaso, lo cual es preocupante porque la crisis económica generada por el coronavirus podría dejar en nada la anterior”, concluye Fidalgo. En efecto, el Ministerio de Justicia calcula que los concursos de acreedores (las antiguas quiebras) se incrementarán en un 246% en 2020 y en un astronómico 619% en 2021.

Los procedimientos de Segunda Oportunidad se articulan en dos fases. La primera fase es extrajudicial, y en ella los deudores intentan con la intervención de un mediador refinanciar sus deudas ofreciendo a sus acreedores reducciones de deuda (quitas) y aplazamientos (esperas) que les permitan atender parcialmente sus créditos después de cubrir sus necesidades básicas. Las quitas no tienen límite (pueden ser del 70%, 80%, o incluso más, en función de la capacidad económica real de los deudores), y las esperas pueden alargarse hasta 10 años sin intereses. En caso de no llegarse a un acuerdo, se tramita la fase judicial de liquidación de bienes, en la que, si se cumplen los requisitos legales, el Juez otorga el llamado “beneficio de exoneración de pasivos insatisfechos”, es decir, la cancelación de todas sus deudas pendientes.

Los acuerdos de quita son muy infrecuentes, de modo que la mayor parte de los procedimientos de Segunda Oportunidad acaban en liquidación, y finalmente exoneración. Según la letrada Pérez de Vargas, “en este caso se consiguió que votase a favor del acuerdo el 90% de los acreedores, lo cual obliga también al 10% restante pues así lo establece la ley”. A la vez, “se acordó continuar abonando la hipoteca y por tanto mantener la propiedad de la vivienda”, lo cual es especialmente importante dada la situación de la esposa, que está en situación de invalidez absoluta como consecuencia de su enfermedad. “Ha sido un gran éxito en lo profesional, y una inmensa satisfacción en lo personal”, afirma la letrada.

MOREANA | Abogados fue firma pionera en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, y ha atendido en los últimos años a más de 1000 potenciales casos. Recientemente el socio director de la firma, Carlos Fidalgo Gallardo, formuló junto con la asociación ASUFIN y la Fundación FIDE sendas propuestas de reforma de la Ley, que se presentaron al Ministerio de Justicia como parte de los trabajos de adaptación de la normativa a la reciente Directiva de la Unión Europea sobre Insolvencia y Segunda Oportunidad.

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