El sindicato FAC-USO ha denunciado públicamente, a través de un comunicado remitido a PORTAL DE CÁDIZ, el incumplimineto del contrato por parte de la empresa de transporte sanitario en la provincia.
El comunicado es el siguiente:
Desde el sindicato FAC-USO queremos denunciar y hacer público el incumplimiento parcial de contrato por parte de la empresa de transporte sanitario UTE TSI Cádiz (SSG, S.L.,SSGA, S.L., Digamar S., S.l., Ambulancias Barbate SCA.) respecto al traslado, recogida y movilidad de pacientes.
El día 4/01/2019 UTE TSI Cádiz contrató con el Servicio Andaluz la cobertura del transporte sanitario terrestre urgente y programado de los Centros Sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz por una cantidad de 79.306.822,62€.
Desde esta nota de prensa queremos denunciar el incumplimiento parcial de la obligación de las empresas adjudicatarias respecto a la recogida de los pacientes de hospitalización, consultas, rehabilitación, servicios de pruebas diagnósticas, domicilio, etc., pues dicho servicio debe efectuarse directamente por el personal propio de la empresa adjudicataria, tal como se estipula en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la contratación de dicho transporte sanitario.
En cumplimiento de las obligaciones contraídas, es la empresa adjudicataria la que debe aportar los recursos humanos necesarios para la movilización del paciente de camilla a cama, silla u otro dispositivo, haciéndose responsable e indemnizando por los daños que se causen a terceros como consecuencia de esta movilización en el desarrollo del servicio.
Actualmente y mayoritariamente, el incumplimiento y dejación de estas funciones, es asumido por los celadores de los distintos hospitales, pese a la sobrecarga de trabajo a la que están expuestos debido a los recortes y a la falta de personal debidas a la no cobertura de bajas, reducciones de jornada y jubilaciones.
Por todo lo expuesto, los delegados de FAC-USO de los distintos hospitales de la provincia de Cádiz, exigimos al SAS que obligue a dichas empresas adjudicatarias a cumplir con el contrato firmado, pues no puede ser el personal de la administración pública el que realice un trabajo por el que está cobrando la empresa privada, y por el que se ha obligado contractualmente.
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