Rueda de prensa de Adelante Cádiz

El diputado de Adelante Andalucía por Cádiz y portavoz de Educación en el Parlamento, José Ignacio García, ha denunciado que “el principal problema de la educación en nuestra provincia es un problema de infraestructuras por la falta de inversión de la Junta en Cádiz”. García recordó que “hace una década cuando empezaron los recortes en Educación, siempre hablábamos de problemas de profesorado, de monitoras de educación especial, de falta de sustituciones, pero después de que el PSOE no haya adecentado en 10 años los centros educativos y de no haber hecho intervenciones estructurales, nos encontramos ahora con que muchos de los centros de nuestra provincia se encuentra en una situación de extrema necesidad”. 

Adelante Andalucía ya denunció el recorte en los presupuestos para infraestructuras educativas o recorte del 50% para la eliminación del amianto, entre otros, de forma que “ahora vemos que todos esos porcentajes son situaciones que se sufren toda la comunidad educativa como en el IES San Severiano,  la falta de dos centros educativos en Los Barrios, o la intervención urgente en los colegios de Sanlúcar”.

Denunció que a esto se suma la supresión de líneas educativas, 411 en Andalucía, 96 en la provincia; el despido de las trabajadoras de dos escuelas infantiles en Chipiona y La Línea, “a las que se les ha dejado en paro después de años de experiencia y habiéndoles prometido que mantendrían sus puestos de trabajo”; el cambio en las instrucciones que han dejado en la calle a cientos de interinos e interinas; o la falta de monitores de educación especial, “como en el CEIP Tartessos de Jerez donde hay seis alumnos que necesitan de monitores la jornada completa mientras que la Junta ha puesto un solo monitor dos horas al día”. García también se refirió al estudio realizado por el sindicato Ustea según el cual hay 700 aulas en Andalucía que superan el ratio de alumnos. “Lo que es una excepción lo han convertido en la normalidad, en la generalidad”, denunció. “Esto forma parte del plan del señor Imbroda de convertir la educación en un negocio. Han seguido la senda del PSOE de recortar la educación pública y le han puesto el acelerador, demostrando que entienden la educación como un bien de consumo y, por lo tanto, no tienen ningún interés en arreglar las infraestructuras educativas de la provincia, ni en arreglar la situación del IES San Severiano, ni los de Sanlúcar, ni en construir los dos centros que faltan en Los Barrios, ni en aumentar el número de monitores de educación especial para los niños que lo necesitan, porque no tienen interés en la educación pública andaluza”.

Frente a esto, el diputado de Adelante quiso destacar el trabajo que viene haciendo el Ayuntamiento de Cádiz en esta materia. “Hay otra forma de hacer las cosas en la educación pública: frente al modelo de Imbroda de convertir la educación en un negocio, en el que se desmantela paulatinamente la pública para solucionarlo con conciertos educativos, existe una apuesta por la pública que hace el Ayuntamiento de Cádiz”.

En esta línea, la concejala de Educación del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, recordó que “todos los niños y las niñas tienen derecho a una educación universal, laica, en igualdad de condiciones y accesible. El único modelo es la escuela púbica”. Por eso, “hemos hecho una apuesta clara por la educación pública desde que llegamos a este Ayuntamiento al contrario de lo que ha hecho esta Consejería”. Para la edil de Educación,  “el tiempo que pasan en la escuela los niños y las niñas tienen que ser el tiempo más feliz, que aprendan y puedan desarrollar como personas. Y eso pasa por tener monitores de apoyo cuando son necesarios y por tener las instalaciones necesarias y, que además, deben ser bonitas. ¿Por qué nuestros niños no pueden tener unos coles bonitos?”.

Fernández recordó que la vida útil de los edificios dedicados a centros escolares es de unos 40 años, mientras que en Cádiz, hay colegios superan con creces ese límite, como el colegio Campo del Sur o el Santa Teresa, centros que tienen más de 80 años, de forma que “aunque la normativa mandate a los ayuntamientos el mantenimiento y la seguridad de los centro escolares, no hay que ser técnico para saber que cuando hablamos del mantenimiento de un colegio de 80 años no estamos hablando de cambiar una bombilla, sino de problemas estructurales, de que la mayoría de los baños no son accesibles o de que no tienen aulas para alumnos con necesidades educativas especiales”. En definitiva, “la normativa nos limita la capacidad de los ayuntamientos de poder intervenir” pero en todo caso, “nosotras entendemos que tenemos que hacerlo”. Por eso, Fernández recordó los más de 400.000 euros ya invertidos y que superará el medio millón cuando finalice el año. “Es nuestra obligación y entendemos que estamos invirtiendo en la calidad de la escuela pública. Tenemos un problema grave de infraestructuras que estamos intentando solventar desde los ayuntamientos por la falta de inversión y, sobre todo, de colaboración de esta Consejería, con la que es muy difícil trabajar y que en estos ocho meses ha demostrado en esos ocho meses cuáles son sus lealtades y no son la escuela pública, ni los niños y las niñas de la escuela pública, ni el profesorado, ni los interinos”. “Desde el Ayuntamiento entendemos que tenemos que defender lo público desde lo público, desde todos las competencias que tenemos y estirándolas”, concluyó.

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