Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) de Cádiz y Jerez atendieron durante el primer semestre de este año a 248 menores, según las estadísticas de este recurso público que gestiona la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y al que llegan por derivación judicial casos de progenitores en procesos y situaciones de interrupción de la convivencia familiar con una alta conflictividad.
A nivel andaluz el número de menores atendidos ascendió a 2.038 personas. Todas las capitales de provincia -además de Algeciras, Jerez y Marbella- cuentan con Puntos de Encuentro, constituidos como un espacio idóneo y neutral para garantizar el derecho esencial de los menores de edad a relacionarse con sus progenitores y familiares. De esta forma, se hacen posible los regímenes de visitas, comunicación y estancia de estos menores con los progenitores o familiares que no dispongan de su custodia, determinados por los órganos judiciales.
Durante los seis primeros meses de este año, los PEF de Cádiz y Jerez tramitaron 166 expedientes, 63 de ellos (38,2%) derivados por juzgados de Violencia contra la Mujer. En Andalucía fueron 1.459 expedientes, 802 (54,9%) de ellos vinculados a la violencia de género. En estos casos, los PEF se adoptan medidas que evitan el contacto entre agresor y víctima, además de fijar un protocolo horario que garantiza en todo momento el cumplimiento de las medidas judiciales impuestas a la persona investigada o penada.
Asimismo, durante el primer semestre del año de los 740 menores afectados por una orden de protección adoptada judicialmente, 77 de ellos se localizaron en Cádiz y Jerez.
Los PEF cuentan con un equipo técnico multidisciplinar formado por psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y educadores, especialmente formados para la atención de casos con conflictividad familiar.
Los Puntos de Encuentro Familiar funcionan desde el año 2009 y en ellos se facilita un servicio temporal, excepcional y de carácter gratuito, con el objetivo de propiciar la normalización de la convivencia familiar. La duración de la intervención está limitada a un período máximo de 18 meses, que puede ser prorrogada mediante resolución del órgano judicial correspondiente.
Además, en estos recursos se ofrece orientación psicosocial individual y familiar para que las personas usuarias puedan mejorar sus relaciones y superen la situación de conflicto familiar que motivó la derivación judicial a los PEF.
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