Puerto III / Google Maps

Los sindicatos CSIF, ACAIP, UGT y APFP han remitido un escrito a la Subdirección General de Tratamiento y Gestión de Instituciones Penitenciarias exigiendo una reducción del número de presos de alta peligrosidad en Puerto III, advirtiendo de la inseguridad que genera tanto para los funcionarios como para los propios internos la presencia de  51 presos de diferentes categorías en el módulo 15 de aislamiento. CSIF lleva desde hace varios años denunciando a Instituciones Penitenciarias esta situación, que compromete la labor de control y seguimiento sobre estos internos, y solicitando el traslado de éstos a otros centros penitenciarios del país.

Los sindicatos recuerdan que de los 70 internos de máxima peligrosidad (técnicamente, en régimen de artículo 91.3), 13 están en Puerto III (casi el 20 por ciento). Del mismo modo, hay 32 internos en régimen de artículo 91.2, y otros seis en otras categorías consideradas peligrosas (aislamientos provisionales y otras situaciones especiales).

Todo ello genera multitud de conflictos e incidentes regimentales, dadas las características de este tipo de internos de manera diaria: intentos de agresiones, incendios en celdas (uno de estos acabó con evacuación vía helicóptero de un interno el pasado año 2017), destrozo del material de las celdas (cristales, ventanas, luminarias, etc.), lo que conlleva un elevado riesgo de integridad física para los funcionarios y para los propios internos.

Se sabe que la dotación por parte de esta Subdirección General de Gestión, para este departamento especial, contempla la ubicación de 20 internos en situación de 91.2 y otros 20 internos en situación de 91.3, algo que seguiría siendo insostenible debido a los recursos con los que se cuenta: falta de funcionarios, falta de horarios para patios, salas de día, salidas a peluquería (dentro del departamento), visitas del Equipo Técnico, etc.

Para estos sindicatos, la cifra de internos de máxima peligrosidad es “demasiado elevada, creando situaciones ingobernables de cara a evitar episodios como la brutal agresión en julio de 2016 de un interno 91.3 a seis funcionarios, el cual recientemente ha sido condenado a más de 19 años de prisión y multas subsidiarias de responsabilidad civil que recaerán en la Administración Penitenciaria por tener el material de seguridad obsoleto y no tener protocolos de actuación. Las organizaciones sindicales firmantes del escrito consideran que el traslado justo y equitativo de internos de estas características a otros centros penitenciarios, ahondaría en una labor preventiva para evitar nuevos incidentes de gravedad.

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