Izquierda Unida solicitará en el Pleno provincial de esta semana una mayor implicación de la Diputación Provincial en el respaldo institucional a la causa saharaui, dadas las “enormes dificultades para solventar las necesidades de carácter humanitario en los campamentos de refugiados de Tinduf, a punto de provocar una catástrofe humanitaria”. El diputado provincial de IU Cádiz, Antonio Alba, defenderá una moción el próximo miércoles en el que pedirá al Pleno provincial que inste al Gobierno de la nación a “reconocer el legítimo gobierno de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática) y del Frente Polisario y manifestar el derecho de autodeterminación que legalmente asiste al pueblo saharaui” y a “conceder el estatus diplomático a la Representación del Frente Polisario en España, único y legítimo representante del pueblo saharaui, reconocido así por la ONU”.
Asimismo, la moción insta al ejecutivo central a “promover todas las iniciativas políticas que sean necesarias para lograr una solución justa y definitiva, mediante la celebración de un referéndum, conforme a las resoluciones de Naciones Unidas”, a “asumir su responsabilidad histórica y trabajar dentro de la Unión Europea y de la ONU para que la MINURSO vea ampliado su mandato a la vigilancia de los derechos humanos en el Sáhara Occidental” y finalmente, a “impulsar acciones tanto en los campamentos de población refugiada en Tinduf, como en los territorios ilegalmente ocupados por Marruecos como muestra del apoyo mayoritario de la sociedad a la legítima lucha del Pueblo Saharaui por su libertad”. En lo que respecta a la propia Diputación Provincial de Cádiz, IU incluye que se acuerde la colaboración de la institución en “la difusión del Programa Vacaciones en Paz, así como de cualquier otra iniciativa destinada a promover la solidaridad con el pueblo saharaui”.
El diputado de IU recuerda que “han transcurrido 42 años desde el abandono por parte de España del Sáhara Occidental, siendo en la actualidad un territorio no autónomo pendiente de descolonización, sometido además a una ocupación ilegal por parte de Marruecos”. De igual forma, señala que el pasado 27 de febrero se cumplieron 42 años también de la constitución de la RASD, “reconocida por múltiples países y miembros de la Unión Africana” y apunta que “corresponde a las Naciones Unidas y a sus estados miembros la responsabilidad principal en materia de descolonización y al Consejo de Seguridad la máxima responsabilidad en la búsqueda de una solución justa y definitiva, acorde con la Carta Fundacional de las NNUU y las múltiples resoluciones en las que el pueblo saharaui tiene reconocido el derecho a la autodeterminación”.
Alba ve “preocupante, el expolio de las riquezas naturales, que, de manera ilegal, se viene produciendo en el territorio del Sáhara Occidental y que vulneran los derechos económicos de la población saharaui” y apunta que es constatable que “las carencias alimentarias, sanitarias, abastecimiento de agua, equipamientos sociales y educativos y de necesidades básicas están llevando a la población refugiada a una situación de desesperación, agravándose todo ello por la disminución de la ayuda humanitaria de los países donantes como consecuencia de la crisis económica y los recortes sociales y presupuestarios”.
El diputado provincial alude a la “responsabilidad histórica, política y jurídica del Estado español al haber firmado con Marruecos y Mauritania los ilegales acuerdos tripartitos de Madrid en 1975, y en su calidad de potencia administradora de iure del territorio y miembro del grupo de Países Amigos del Secretario General para el Sáhara Occidental”. Insiste Alba en que es necesario reanudar y aumentar las partidas de ayuda humanitaria y aquellas destinadas a proyectos de cooperación, orientadas a los campamentos de Tinduf (Argelia) y los territorios liberados del Sáhara Occidental, “donde el pueblo saharaui sobrevive en condiciones extremadamente duras y sin apenas posibilidades de procurarse la autosuficiencia”.
El portavoz de IU considera que, “aunque la Diputación de Cádiz ha venido durante años desarrollando una relación de solidaridad y amistad con el pueblo saharaui, colaborando en las diferentes campañas, lo cierto es que la población sufre altas tasas de desnutrición y padece las consecuencias de un clima extremo, como se ha visto en las inundaciones que destrozaron más de tres mil hogares”, por lo que entiende que es imprescindible un refuerzo a este respaldo institucional; “el conflicto saharaui tiene origen político, y requiere por tanto de implicación política para solucionarlo”, concluye.
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