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Ángel Acuña / Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes

El delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ángel Acuña, ha reprochado hoy al Partido Popular, y en concreto a su secretario general en Cádiz, Antonio Saldaña, que eche balones fuera y trate de culpar a otras administraciones en lugar de asumir sus responsabilidad en lo que respecta a la rotura de la tubería en el nudo de Tres Caminos.

Acuña ha recordado que durante los años en los que Saldaña fue presidente del Consorcio de Agua de la Zona Gaditana no se han realizado las necesarias labores de mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras, lo que provoca roturas e incidencias en el servicio. Por si eso fuera poco, la dejación en la ejecución de un mantenimiento adecuado redunda a día de hoy en una mayor necesidad de inversión por parte del CAZG, cuya directiva se ve abocada a adecuar la tarifa, lo que no se hizo en su momento.

Como el señor Saldaña debería saber por sus años al frente del Consorcio, para poder prestar un servicio de calidad y garantizar la conservación y reposición de las infraestructuras hacen falta inversiones que hasta la fecha no han sido posibles por su afán en mantener la tarifa de abastecimiento en cifras anormalmente bajas (por debajo de los costes) e insuficientes, rechazando la adecuación progresiva de la tarifa a las necesidades del servicio. Situaciones y averías como las que sufrimos estos días son la consecuencia de anteponer el interés partidista al de la prestación del servicio, que es lo que ocurrió en el CAZG durante la presidencia del señor Saldaña y lo que ahora tratan de corregir con inversiones, actuaciones y responsabilidad los actuales responsables de este ente.

En segundo lugar, es sonrojante que Saldaña juegue al despiste y ante la rotura de la tubería que conecta con Puerto Real trate de culpar a otros y reclame la ejecución de otra conducción diferente, que es la que une Puente Zuazo con Cádiz. Es decir, la obra que el secretario general del PP reclama no tiene nada que ver con la que ha sufrido la avería, que no aparece en ningún protocolo. Es preocupante que el que fue presidente del CAZG entre 2011 y 2015 no sepa esa información o, lo que es peor, juegue a crear confusión.

Por si esto fuera poco, y pese a que dado el cargo que ocupó en el Consorcio debería conocer al dedillo la normativa, el secretario general del PP invoca un protocolo de colaboración que se firmó en el momento del traspaso de las competencias con la creación del CAZG (2005), y que nunca se materializó en convenios legales, tampoco durante la presidencia del señor Saldaña, para poder acometer obras específicas.

Aquel protocolo de colaboración firmado para facilitar el arranque de esta entidad supramunicipal nunca fue un convenio con obligaciones de inversión para obras concretas, como bien sabe el secretario general del PP, y que para ello se debieron haber firmado convenios específicos con compromisos económicos.

A pesar de que estos convenios específicos nunca se suscribieron, eso no ha sido nunca un impedimento para que la Junta de Andalucía a lo largo de estos años haya ejecutado buena parte de las actuaciones allí planteadas, con una inversión total entorno a 60 M € en obras para el CAZG (depósito Agostado, la conducción del nuevo ramal de conexión de depósitos de San Cristóbal-Montealto, depósito de Puerto Real, la segunda conducción a Algeciras, etc.). A eso hay que unir las depuradoras de Arcos (ya ejecutándose) y Villamartín (se inicia en breve).

Frente a eso, el Estado no cumple cuando no ejecuta las actuaciones que tiene pendientes en esta provincia, en particular en materia de depuración (las depuradoras de Barbate, de Zahora, de Los Barrios, e Sanlúcar, San Roque o Trebujena), pese a que ese compromiso sí está recogido en una Ley del parlamento nacional por la que se aprueba en 2001 el Plan hidrologico nacional. Es lamentable que el señor Saldaña pida a la Junta que ejecute obras de un protocolo que es una declaración de intencioness pero no dedique sus esfuerzos a exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones. Ésa es la actitud poco responsable del secretario general del PP en Cádiz y su partido, que prefieren mirar a otro lado como cuando el Gobierno central recorta hasta en un 36% la partida de inversiones para Andalucía.

 


 

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