Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz han confirmado su cooperación en la mejora de infraestructuras rurales, concretamente en la reparación de caminos de titularidad pública, a través de un protocolo que se ha suscrito en la sede de la Presidencia de la administración autonómica. En la adopción del acuerdo han intervenido la presidenta de la Junta, Susana Díaz; la presidenta de Diputación,Irene García y la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz.
La alianza se ha establecido con las ocho diputaciones andaluzas. La inversión global en todas las provincias, hasta el año 2020, podrá alcanzar los 106 millones de euros conforme a la siguiente distribución: la Junta aportará un máximo de 64 millones (ocho por cada provincia) mientras que las Diputaciones en cooperación con los Ayuntamientos podrán alcanzar 42 millones. La aportación autonómica se incluye en el Plan de Desarrollo Rural, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, y dispone de la cobertura financiera del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Por tanto para la provincia de Cádiz se plantea un escenario inversor, destinado a caminos rurales, que puede superar los 13 millones de euros. La Diputación gaditana no sólo asumirá su capacidad económica, en lo que le corresponda en el 40 por ciento de cofinanciación, sino que también prestará asistencia técnica a los Ayuntamientos para resolver la redacción de proyectos o direcciones de obra conforme a lo que planteen los municipios. El asesoramiento también será jurídico, relacionado con las licitaciones de las intervenciones. Serán los Ayuntamientos, como destinatarios finales de las ayudas, los que tengan que adjudicar las obras. Tras el protocolo ya rubricado la Junta tendrá que publicar las convocatorias provinciales.
Diputación ya contaba con esta cooperación y en los presupuestos en vigor se reserva una partida de más de 800.000 euros para proceder a las primeras actuaciones.
Susana Díaz, tras la firma de los acuerdos con cada Diputación, ha anticipado algunos de los criterios que determinarán una mayor atención económica: la longitud de los caminos, el número de explotaciones agrarias afectadas, el tránsito de estas vías hacia establecimientos de uso común o la existencia de comunicaciones alternativas.
Irene García ha valorado una intervención que beneficia no sólo a la cohesión territorial, sino también a la social al mejorar la calidad de vida de las poblaciones de los núcleos rurales.
La Junta también ha confirmado que prepara incentivos para caminos rurales que afecten a comunidades de regantes. Esta segunda planificación dispondrá de un presupuesto máximo de 10 millones de euros.
Envíanos tus vídeos, fotos, denuncias y noticias por WhatsApp (645 33 11 00)