La gestión que viene realizando la Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), para regularizar parcelas y viviendas construidas en antiguas vías pecuarias de la comunidad autónoma, ha tenido como resultado en la provincia de Cádiz la normalización hasta la fecha de 97 parcelas con viviendas privadas construidas que abarcan un superficie total de 35.185 m2. Con este proceso, dichas parcelas han pasado a ser titularidad de los particulares que en su día las ocuparon y construyeron en ellas las citadas viviendas. En Andalucía, esta intervención ha permitido regularizar un total de 912 unidades de suelos.
En la provincia gaditana se ha trabajado sobre las antiguas vías pecuarias Colada de Mesa, en Medina Sidonia, y Colada del Almarchal (Tramos I y II), en el núcleo rural de La Zarzuela, en Tarifa. En la primera de ellas se han enajenado 77 parcelas, con una superficie de 25.725m2, de un total de 89 unidades susceptibles de enajenación, mientras que en la Colada de La Zarzuela se han enajenado 20 parcelas de las 28 previstas, con lo que los expedientes están prácticamente finalizados. La superficie afectada en el núcleo rural de Tarifa es de 9.460m2.
Estos expedientes, salvo el de la Colada del Almarchal (Tramo I) en Tarifa que está ya finalizado y archivado, se encuentran vivos, en tanto continúan las gestiones para que los ocupantes de parcelas que no lo han hecho, puedan acogerse a la posibilidad de enajenar esos suelos y hacerse con la propiedad de los mismos.
Hay otros expedientes iniciados con la desafectación de parcelas respecto de las antiguas vías pecuarias a las que pertenecían, si bien de éstos, todavía no se ha inscrito ninguna finca a favor de AVRA y por lo tanto, esos suelos no pueden ser aún enajenados a las personas que los tienen ocupados con sus viviendas para que puedan regularizarlos.
Esos expedientes pendientes de desarrollo afectan, en la provincia de Cádiz, a las vías pecuarias Cañada Real de Medina, Colada de Casablanca (incluidas en el denominado Descansadero del Drago), en Arcos de la Frontera; Cañada Real de Albadalejos a Cuartillos (Tramos Cuartillos y Mesas del Corral) en Jerez de la Frontera, Cañada Real del Verdugo /Esquivel en El Puerto de Santa María; la Cañada Real Carretera de El Puerto o Dehesilla, en Sanlúcar de Barrameda, y por último la Cañada Real de Gaucín, en el núcleo del Corchado, de Jimena de la Frontera. La superficie total de terreno desafectado en estas antiguas cañadas de la provincia de Cádiz es de 1.060.100 metros, lo que sumado a los suelos ya inscritos a favor de AVRA e incluso, en los casos mencionados, enajenados a favor de sus ocupantes, hace un total de 1.192.971 m2.
El proceso para la regularización de parcelas que en su día formaron parte de vías pecuarias, y de las viviendas construidas sobre esos suelos, es fruto del acuerdo plasmado en el convenio que suscribieron la Consejería de Medio Ambiente, la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y AVRA, como organismo adscrito a la Consejería de Fomento y Vivienda, el 18 de enero de 2000.
Dicho acuerdo encomendaba a la agencia la gestión urbanística de suelos procedentes de tramos de vías pecuarias afectados por planeamientos urbanísticos municipales, con el fin de proceder a la regularización patrimonial de los mismos. Para ello, los primeros pasos en el proceso se dedicaron a realizar una investigación y depuración registral, a fin de evitar dobles inmatriculaciones en el proceso.
A partir de la encomienda, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación ha realizado un intenso trabajo, no exento de dificultades por las peculiaridades de cada caso particular, fruto del se ha conseguido escriturar, hasta el momento, a favor de sus ocupantes una vez que han cumplido los requisitos establecidos, un total de 912 parcelas con sus correspondientes viviendas.
Los expedientes en los que hasta el momento se han culminado esas regularizaciones afectan a municipios de las provincias de Cádiz, Córdoba y Sevilla. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía sigue trabajando en este proceso, no exento de dificultades en la tramitación administrativa pero que está permitiendo a muchas familias andaluzas, la mayoría de ellas con escasos recursos, ver realizado después de muchos años el sueño de acceder a la propiedad de las viviendas que constituyen sus hogares.
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