El Juzgado de Paz de Tarifa lleva 18 días inoperativo por una incidencia que lo mantiene sin conexión a la red desde el 21 de julio de 2026, según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). El problema impide utilizar las principales aplicaciones informáticas de la Administración de Justicia y está afectando a la tramitación de expedientes, las inscripciones del Registro Civil, las comunicaciones y la atención a la ciudadanía.
CSIF Cádiz califica de “grave” una situación que, según sostiene, continúa sin resolverse después de más de dos semanas y perjudica tanto al personal funcionario como a los ciudadanos que necesitan realizar gestiones en este órgano judicial.
El delegado de CSIF Cádiz, Manuel Vázquez, explica que la falta de conexión “imposibilita el uso de las principales aplicaciones informáticas de la Administración de Justicia”.
Entre los sistemas afectados se encuentran Hermes y DICIREG. La imposibilidad de utilizarlos impide tramitar expedientes y practicar inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones en el Registro Civil.
El Juzgado de Paz tampoco puede enviar ni recibir correos electrónicos, circunstancia que, según el sindicato, dificulta la atención de las numerosas solicitudes y consultas que llegan diariamente.
Vázquez asegura que esta situación está provocando “un grave deterioro en la atención al público, ya que los ciudadanos ven como se retrasan sus gestiones y no obtienen respuesta a muchas de sus peticiones”.
El problema afecta igualmente a los funcionarios destinados en estas dependencias, que se encuentran, según el representante sindical, “completamente limitados para desempeñar su trabajo por causas ajenas a su voluntad”.
Desde el primer día de la incidencia, los funcionarios han registrado diariamente los correspondientes avisos ante el Centro de Atención al Usuario (CAU) de Justicia en Andalucía. CSIF denuncia que hasta el 7 de agosto no se había ofrecido una solución efectiva.
El sindicato sostiene que esta falta de respuesta se ha convertido en una situación habitual y la relaciona con las deficiencias que, según viene denunciando desde hace años, presenta el servicio de soporte técnico. CSIF asegura haber trasladado reiteradamente esta situación a la Consejería de Justicia.
El CAU depende de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), organismo encargado del diseño, mantenimiento y coordinación de las herramientas tecnológicas de la Administración andaluza, incluido el soporte técnico de las aplicaciones informáticas utilizadas por los órganos judiciales.
CSIF afirma haber denunciado repetidamente la falta de respuestas ágiles y soluciones eficaces por parte de este organismo para garantizar el funcionamiento de los nuevos Tribunales de Instancia y del conjunto de la Administración de Justicia.
La incidencia del Juzgado de Paz de Tarifa también fue comunicada a la Secretaría General Provincial de Justicia en Cádiz. Sin embargo, Vázquez asegura que el sindicato desconoce las medidas que se han adoptado: “Hasta la fecha desconocemos qué actuaciones se han llevado a cabo para resolver el problema”.
Para el delegado de CSIF, las dificultades para contactar con los responsables competentes incluso ante una incidencia de estas características “vuelve a poner de manifiesto la ausencia de mecanismos eficaces de respuesta”.
El sindicato sostiene que lo sucedido en Tarifa no es un episodio aislado. La semana anterior, según CSIF, los Juzgados de La Línea de la Concepción permanecieron varios días sin conexión a la red.
La situación llegó a obligar al Juzgado de Guardia de La Línea a redactar manualmente autos de libertad al no poder acceder a los expedientes digitales, modelos documentales, carpetas de trabajo ni impresoras.
Una vez recuperado el sistema, los funcionarios tuvieron que reproducir posteriormente toda esa documentación en formato digital. CSIF asegura que este trabajo adicional incrementó la carga de una plantilla que ya considera insuficiente y provocó nuevos retrasos en el funcionamiento ordinario de los órganos judiciales.
Para el sindicato, estos episodios “evidencian las graves carencias de la denominada ‘Justicia Digital’ impulsada por la Consejería de Justicia”.
CSIF atribuye la situación a una inversión que considera insuficiente, la falta de planificación tecnológica y las carencias de los sistemas de soporte. A su juicio, estos problemas están provocando un deterioro progresivo del servicio público de Justicia y obligando a los profesionales a trabajar en condiciones que considera impropias de una Administración del siglo XXI, con consecuencias directas para los ciudadanos.
La organización sindical enmarca lo ocurrido en un problema más amplio que asegura denunciar desde hace años. Entre las deficiencias señala el estado de las infraestructuras judiciales, las incidencias tecnológicas, la escasez de medios materiales y personales y los continuos retrasos en actuaciones comprometidas.
CSIF considera que detrás de estas situaciones existe un mismo problema: falta de planificación y de una gestión eficaz.
Vázquez considera “inaceptable que cuestiones tan esenciales para el funcionamiento de la Administración de Justicia y para las condiciones de trabajo de los Cuerpos Generales continúen prolongándose durante meses o incluso años sin una respuesta adecuada por parte de la Administración”.
Mientras persisten estos problemas, añade, “trabajadores y ciudadanos siguen soportando unas condiciones claramente deficientes, al tiempo que las soluciones se posponen una y otra vez bajo el argumento de futuros estudios, proyectos pendientes, obras sin licitar, falta de autorizaciones o insuficiencia presupuestaria”.
CSIF sostiene que esta sucesión de retrasos provoca que las mejoras no lleguen a materializarse y que continúe agravándose el deterioro del servicio. Vázquez asegura que en determinados casos “las deficiencias de los edificios judiciales han obligado al desalojo del personal tras las denuncias formuladas por CSIF por el riesgo existente”.
Ante la situación de Tarifa, CSIF exige que se restablezcan inmediatamente las comunicaciones del Juzgado de Paz y que se adopten medidas para impedir que incidencias similares vuelvan a repetirse.
El sindicato reclama además responsabilidades por la falta de respuesta durante más de dos semanas y pide que la Administración de Justicia andaluza disponga de medios tecnológicos y humanos acordes con el servicio público esencial que presta.
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