Concentración en la oficina de empleo - Cádiz / Trekant Media

La provincia de Cádiz ha perdido 52.000 empleos desde la entrada en vigor de la Reforma Laboral, según un informe de CCOO. Así se ha puesto de manifiesto en la presentación del estudio sobre el impacto del Real Decreto Ley aprobado en 2012, en la que han participado el secretario general de CCOO Cádiz, Lola Rodríguez; la secretaria de Empleo de CCOO-A, Nuria López, y su homólogo en la provincia gaditana, Francisco Fernández Lucas. El estudio recoge hasta 15 indicadores, siempre con datos públicos del INE, y ninguno tiene resultado positivo.

Según, Lola Rodríguez, ninguna reforma laboral impuesta en nuestro país ha sido útil para el mercado de trabajo, que tras tres años de aplicación efectiva de la Reforma Laboral, se corrobora que es una reforma inútil, injusta e ineficaz, que ha servido para imponer la desregulación y arbitrariedad en la empresa rompiendo con el equilibrio que proporciona la negociación colectiva y el diálogo, anulando la democracia y participación de los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo, instalando una brutal precariedad laboral y un empobrecimiento de la de la gente trabajadora.

Para Francisco Fernández Lucas, esta reforma laboral ha tenido un especial impacto negativo en el número de trabajadores y trabajadoras inmigrantes, que pasa de 10.468 en el año 2012 a 9.928 en abril del presente año, mostrándose más evidente en el caso de los trabajadores inmigrantes que no pertenecen a la Unión Europea y en el género femenino de la inmigración.

Entre las conclusiones para la provincia de Cádiz está la pérdida de 18.700 empleos femeninos o de 24.000 en el sector público, un área que en años anteriores había crecido hasta alcanzar un techo, en 2011, de 96.346 ocupados. La población parada aumentó en mayor medida que en 2011, cuando se registró una tasa de desempleo del 32,5%, en todos y cada uno de los años posteriores. Sumó diez puntos porcentuales para situarse en el 42,3%. También aumenta el paro de larga duración: la provincia ha pasado de 57.300 personas (un 31,6%) con más de dos años en el desempleo en 2011, a 128.200 (53,4%) en 2014.

La Reforma Laboral ha conseguido que la provincia bata récords en despidos individuales y en destrucción del empleo indefinido. El número más elevado de despidos hasta la Reforma había sido el registrado en 2011 (2.627), cifra que se disparó en 2012 hasta los 3.228. El peor dato de destrucción de empleo indefinido previo a la modificación legal fue en 2009 (15.200) y se superó en 2013 y 2014, cuando se destruyeron más de 17.000. La contratación indefinida ha tocado fondo en 2013 (un 3,5% frente al 4,1% de 2011) y la jornada completa está siendo sustituida por la parcial. En 2011 el porcentaje de trabajadores con jornada parcial era del 16,3% y en 2014, del 22,4%, algo que afecta especialmente a las mujeres, que han pasado del 27,3 al 38,2%.

Con respecto a las retribuciones, hay casi 159.000 parados sin prestaciones (el 64%) frente al 45% de 2011, los salarios se han reducido un 4,8% en dos años y se ha pasado del 40,9% al 44,5% de 2013 de los llamados "trabajadores pobres", es decir, que tienen salarios anuales inferiores al Sueldo Mínimo Interprofesional.

Al respecto, Nuria López ha añadido que se está produciendo "una mutación del empleo", que "se ha precarizado", de modo que, aunque puede haber "signos de recuperación en la macroeconomía", para el sindicato "no se puede hablar" de ella en tanto no llegue a las familias y a los centros de trabajo.

López ha recalcado que los tres objetivos con los que el Gobierno presentó esta modificación de la normativa -favorecer la creación de empleo y la estabilidad y acabar con la flexibilidad externa (despidos) en favor de la interna- "han fracasado rotundamente".

Frente a ello, según ha criticado, se ha generado "una desregulación total del mercado de trabajo" y una "arbitrariedad total a favor de las empresas", de ahí que desde CCOO se haya reclamado la derogación de esta norma "inútil, injusta e ineficaz" y la negociación de una nueva con la implicación de los agentes sociales y económicos.

 

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