España se ha convertido en el principal impulsor europeo de la industria del langostino de cultivo procedente de Ecuador, importando cada año más producto de este país del que se pesca o se cría en toda la Unión Europea. Así lo recoge el informe internacional "Cheap Shrimp, High Costs", presentado por el Observatorio de Bienestar Animal (OBA), en colaboración con Protección Animal Ecuador, y elaborado por la organización Foodrise, que alerta del impacto ambiental, climático y laboral asociado a este modelo de producción.

El estudio sostiene que la elevada demanda española está contribuyendo a financiar un sistema acuícola que ha provocado la pérdida de hasta el 90 % de los manglares en algunas zonas de la costa ecuatoriana y mantiene al 63 % de los trabajadores del sector en condiciones de máxima precariedad laboral.

Según el informe, el langostino de cultivo se ha consolidado como un alimento de consumo habitual y bajo precio en supermercados y cadenas de restauración españolas, aunque los consumidores desconocen el impacto que, según la investigación, existe detrás de su producción. El documento señala que en Europa se consume tres veces más langostino procedente de granjas intensivas ecuatorianas que langostino salvaje capturado por las flotas pesqueras comunitarias.

La investigación indica que Ecuador se ha convertido en el mayor productor y exportador mundial de langostino. En 2025 alcanzó una facturación de 8.400 millones de dólares y, por primera vez, este producto superó al petróleo crudo como principal motor económico del país. El volumen de producción habría pasado de 40.000 toneladas en el año 2000 a una estimación de 1,2 millones de toneladas en la actualidad. El informe añade que dos grandes corporaciones exportadoras concentran aproximadamente un tercio del valor total del sector.

Foodrise atribuye el 80 % del impacto ambiental de esta industria a la producción del pienso utilizado para la cría de langostinos. El documento sostiene que el crecimiento del sector está respaldado por grandes compañías europeas y estadounidenses que dependen de la soja y de las harinas de pescado, lo que incrementa las emisiones de dióxido de carbono hasta situar la huella climática del langostino de cultivo por encima de la del vacuno lechero.

El informe cifra en unas 220.000 hectáreas la superficie costera ecuatoriana ocupada por estanques dedicados a esta actividad. Además, certifica la pérdida histórica del 57 % de la cobertura total de manglares del país, un porcentaje que alcanza el 90 % en algunos estuarios del Golfo de Guayaquil. Según el estudio, la desaparición de estos ecosistemas reduce la capacidad de capturar carbono y agrava la crisis climática.

La investigación también calcula que una ración de 100 gramos de langostino de cultivo genera 18 kilogramos de emisiones de CO₂ equivalente, frente a los 17 kilogramos atribuidos al vacuno lechero medio. Con esos datos, sitúa al langostino de cultivo como el tercer sistema alimentario con mayor intensidad de emisiones, solo por detrás de la carne de vacuno y del cordero, de acuerdo con el estudio de Poore y Nemecek publicado en la revista Science en 2018.

El documento analiza igualmente el impacto sobre los recursos hídricos y concluye que la principal fuente de contaminación procede de la carga orgánica generada por los piensos y los desechos metabólicos de los animales. Según los datos recopilados, por cada tonelada de langostinos producida se generan más de 51 kilogramos de residuos de nitrógeno y más de la mitad, 26 kilogramos por tonelada, termina vertiéndose directamente a ríos y zonas costeras.

Asimismo, el informe denuncia el uso recurrente de antibióticos considerados críticos para la medicina humana. Aunque la normativa ecuatoriana limita su utilización, sostiene que siguen empleándose para combatir enfermedades derivadas del hacinamiento de los animales, lo que, según el estudio, incrementa el riesgo de aparición de bacterias resistentes.

En el ámbito laboral, los datos recopilados junto con la Organización Internacional del Trabajo indican que el 63 % de los trabajadores de la acuicultura carecen de contrato formal. El informe añade que la expansión de las granjas acuícolas ha provocado conflictos territoriales con comunidades ancestrales debido a la adquisición de terrenos por parte de grandes corporaciones, con la consiguiente destrucción de viviendas y el desplazamiento forzoso de población local.

La investigación incorpora también un archivo audiovisual elaborado por la organización We Animals con imágenes obtenidas durante el trabajo de campo que muestran la concentración de animales, las condiciones de las explotaciones acuícolas industriales y el deterioro de los espacios naturales explotados en Ecuador.

La directora de Bienestar Animal del Observatorio de Bienestar Animal, Miriam Martínez, afirma que "es inadmisible que el langostino que se consume a diario en España se sustente sobre la destrucción de las costas de Ecuador". Añade que las empresas que comercializan este producto "deberían conocer bien el impacto de sus productos tanto a nivel de bienestar animal como de impacto ambiental" y considera que deberían ofrecer esa información a los consumidores para facilitar decisiones de compra informadas.

Martínez concluye que "la ciudadanía tiene derecho a saber que el precio sumamente bajo de este producto se está pagando con destrucción ecológica y precarización laboral en otros países; no podemos seguir externalizando nuestro impacto ambiental sin asumir ninguna responsabilidad corporativa ni ética".

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