La Junta de Andalucía solicitará la paralización inmediata de la tramitación de las reformas estatales del Reglamento General de Costas y del marco de compatibilidad con las estrategias marinas durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que se celebra el miércoles 8 de julio, al considerar que ambas modificaciones requieren un proceso previo de diálogo, cooperación institucional y consenso con las comunidades autónomas con litoral.

El Gobierno andaluz sostiene que una reforma de esta trascendencia exige un escenario de cooperación efectiva y seguridad jurídica que permita trasladar a la Comisión Europea una posición territorial cohesionada, en lugar de un contexto de confrontación entre el Estado y las comunidades autónomas.

La Junta considera que resulta incomprensible modificar el Reglamento General de Costas sin haber acometido antes una revisión integral de la Ley de Costas. Defiende que cualquier actualización normativa debe consensuarse con todas las comunidades autónomas con litoral, ya que estas reformas afectan directamente a sus competencias, a actividades económicas estratégicas, a sus modelos de gestión y a realidades territoriales diversas.

En este sentido, el Ejecutivo andaluz plantea que una reforma de este alcance debe abordarse mediante un proceso previo de diálogo, cooperación y concertación entre administraciones. Además, considera necesario revisar aspectos del actual modelo de gestión del litoral, avanzar en la simplificación administrativa, especialmente en las autorizaciones temporales relacionadas con actividades y servicios de temporada, reforzar los mecanismos de cooperación entre administraciones y abrir un debate sobre la financiación de la gestión del dominio público marítimo-terrestre y los recursos necesarios para garantizar su conservación y protección.

Asimismo, la Junta reclama la paralización inmediata de la tramitación del proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 79/2019, relativo al informe de compatibilidad y a los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas, hasta que pueda desarrollarse un proceso efectivo de diálogo y concertación con las comunidades autónomas afectadas para analizar sus implicaciones jurídicas, competenciales, ambientales y socioeconómicas.

El Gobierno andaluz señala que la mayoría de las comunidades autónomas comparte que cualquier reforma de la normativa estatal de costas debe apoyarse en los principios de lealtad institucional, cogobernanza, participación efectiva de los territorios afectados y respeto a las competencias autonómicas, garantizando al mismo tiempo la protección ambiental, la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible de las actividades económicas vinculadas a la costa y al mar. Según la Junta, ninguna de estas condiciones se ha cumplido durante la redacción y tramitación del proyecto impulsado por el Gobierno de España.

La Administración andaluza sostiene además que la participación de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente debe ser real y efectiva cuando se debaten reformas que afectan directamente al ejercicio de sus competencias. A su juicio, limitar estos encuentros a exposiciones informativas vacía de contenido la función cooperativa de este órgano y reduce la capacidad de influencia de los territorios en decisiones que repercuten en sus procedimientos administrativos y en la gestión del litoral.

La Junta también considera imprescindible que el Estado traslade a la Comisión Europea las alegaciones presentadas por las comunidades autónomas en el procedimiento de infracción abierto por la normativa estatal sobre concesiones en el dominio público marítimo-terrestre, al recordar que son estas administraciones las que gestionan actualmente los títulos afectados y que no fueron consultadas durante ese proceso.

Por último, el Gobierno andaluz advierte de que no debe avanzarse en una modificación parcial del reglamento mientras permanezcan sin cambios las disposiciones legales señaladas por la Comisión Europea, ya que ello, a su juicio, generaría inseguridad jurídica y un marco normativo provisional. Por ello, insiste en que cualquier revisión del Reglamento General de Costas debe ir precedida de una reforma integral de la Ley de Costas que garantice la coherencia normativa, el respeto a las competencias autonómicas y la estabilidad en la gestión del litoral.

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