El servicio de clínica del Instituto de Medicina Legal de Cádiz ha examinado a 19.096 personas a petición de los juzgados y tribunales en 2014 con el objetivo de valorar y determinar el daño corporal producido, la mayoría de los casos a causa de un accidente de tráfico, según los datos de este organismo dependiente de la Consejería de Justicia e Interior dados a conocer hoy por el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, en el marco de unas jornadas formativas para estos profesionales organizadas por el Instituto Andaluz de Administración Pública y el propio Instituto de Medicina Legal de Cádiz.
El IML de Cádiz presta servicio un total de 31 médicos forenses que realizan una importante labor al servicio de la Administración de Justicia. El balance de 2014 también refleja que los servicios de patología forense han llevado a cabo 550 autopsias, de las cuales 262 fueron de muertes violentas, 282 de fallecimientos por causas naturales y 6 indeterminadas.
El IML es un organismo donde los profesionales de la medicina forense realizan su trabajo de una manera especializada y organizada. Para ello, disponen de un servicio de Clínica Forense, donde se estudian todas las cuestiones de salud relacionadas con los hechos seguidos desde los juzgados y tribunales en la esfera civil, penal y social.
Además, los institutos cuentan con un servicio de Patología Forense, en el que se lleva a cabo la investigación sobre las causas y circunstancias de la muerte en los casos de muertes violentas o en los que existan dudas sobre su etiología y, por tanto, sean sospechosas de tener un origen criminal.
El IML dispone también de una Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIG), que se encargan de informar a requerimiento de órganos judiciales y fiscalías con competencia en la materia sobre la valoración integral de los efectos de la violencia física psíquica y sexual en las mujeres víctimas de violencia de género.
Además, las UVIVG informan sobre los efectos de la exposición a la violencia y de las agresiones sufridas por los hijos menores a su cargo y también sobre la valoración de la incidencia, peligrosidad objetiva y riesgo de reincidencia del denunciado. En este ámbito, el pasado año fueron atendidas por la UVIVG un total de 230 mujeres, 111 me-nores y 140 denunciados.
El delegado del Gobierno ha sido el encargado hoy de inaugurar en la Facultad de Enfermería de Cádiz las jornadas de trabajo y de formación continua del IML junto al presidente de la Audiencia Provincial, Manuel Estrella, y la directora del IML en Cádiz, Mercedes González.
Esta actividad formativa está dirigida a la especialización de los médicos forenses de nuestra región y forman parte del plan anual de formación de estos profesionales que suma ya cinco ediciones.
Este año la formación se centra en 'La responsabilidad profesio-nal sanitaria en el ámbito Médico Forense: Protocolos y Casos Prácticos'. Como ha explicado la directora del IML de Cádiz, "la valoración de la responsabilidad médica forma parte del progreso social porque, cuando procede, satisface las demandas de los usuarios que interponen denuncias por presuntas malas praxis médicas, y constituye también una llamada de atención a los profesionales médicos en el convenci-miento de que su ejercicio, en caso de no ajustarse a las buenas prácticas, les puede traer consecuencias jurídicas con responsabilidades económicas e incluso penales".
Como ha destacado hoy González, "la función de los peritos médico forenses es imprescindible para asesorar a los que van a juzgar, de tal forma que, sin faltar al rigor médico, se entiendan por todos las razones de la existencia o no de la mala praxis médica y de la responsabilidad, más o menos importante, del profesional que ha sido denunciado, dado que la ciencia médica no es una de las llamadas ciencias exactas".
Por su parte, el delegado del Gobierno ha puesto de relieve que "la apuesta de la Junta de Andalucía por la formación de sus profesionales permanece intacta e incluso se amplía, y en este caso concreto supone una muestra más del apoyo que se da desde este gobierno a un instrumento tan eficaz como son los Institutos de Medicina Legal". López Gil ha destacado que "para que los forenses puedan cumplir su misión profesional de forma adecuada es necesaria la formación continuada, además de conocimientos y habilidades, pero además de todo eso hay que estar comprometido para prestar un buen servicio a la ciudadanía como lo están estos profesionales".
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