Un funcionario del centro penitenciario Puerto II, en El Puerto de Santa María, resultó herido tras ser agredido por un interno durante su traslado de módulo en la mañana del domingo 5 de abril de 2026.
Los hechos se produjeron cuando el recluso, descrito como un interno con perfil conflictivo y con un historial de incidentes, peleas y pasos por aislamiento, iba a ser reubicado tras un altercado previo. Durante el traslado, el interno arremetió contra el funcionario que lo acompañaba, propinándole múltiples puñetazos y golpes en la cabeza hasta dejarlo inconsciente y tirarlo al suelo.
Según la información difundida, el agresor mantuvo su actitud violenta y opuso resistencia cuando acudieron otros trabajadores para reducirlo. La intervención del resto de la plantilla permitió controlar la situación y auxiliar al funcionario herido.
El trabajador fue atendido inicialmente por el médico del centro penitenciario y, debido a los traumatismos sufridos, fue trasladado de urgencia al hospital para una valoración completa. El interno fue inmovilizado mediante amarres mecánicos y permanece aislado del resto de la población reclusa.
Tras el incidente, el director del centro acudió al lugar y comunicó que se iniciarán los trámites reglamentarios para proponer el pase del interno al Primer Grado, el régimen más restrictivo, reservado a internos con peligrosidad extrema o inadaptación a los regímenes ordinarios.
Ante estos hechos, CSIF ha denunciado públicamente la agresión y ha reclamado a la Administración medidas ante lo que considera una escalada de violencia en los centros penitenciarios. El sindicato exige el reconocimiento como Agentes de la Autoridad para el personal funcionario, la actualización de protocolos para internos conflictivos, el aumento de plantilla y la dotación de medios materiales y formación específica.
Desde la organización sindical señalan que “han agredido a este trabajador como le podía haber tocado a cualquier otro. No podemos permitir que nuestra integridad física dependa de la suerte”. Asimismo, critican las políticas que, a su juicio, han favorecido que este tipo de incidentes se repitan y anuncian que continuarán denunciando la situación hasta que trabajar en prisión deje de ser, según indican, una actividad de alto riesgo sin respaldo legal y material suficiente.
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