Pleno de la Diputación de Cádiz / Trekant Media

La portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha censurado la “nueva cacicada” del presidente de la Diputación, que ha decidido retirar del orden del día del Pleno del próximo miércoles dos propuestas impulsadas por el PSOE que hacían referencia, además, a “sendos asuntos de suma importancia para la ciudadanía gaditana, y especialmente para los habitantes de algunas de sus localidades”.

“El presidente Loaiza pretende instaurar la censura en la Diputación y vive permanentemente obsesionado con controlar y obstaculizar los debates de todos aquellos asuntos que pueden poner en evidencia la falta de gestión de su Gobierno o el sectarismo que está caracterizando su etapa al frente de la Corporación”, ha afirmado. En este sentido, la portavoz y secretaria general ha explicado que el orden del día del Pleno del próximo miércoles, cuya confección es competencia exclusiva del presidente de la Diputación, “deja fuera dos de las propuestas presentadas por el Grupo Socialista”, iniciativas ambas “de una gran trascendencia”.

La primera de estas propuestas “cuyo debate en el Pleno ha sido frustrado por una nueva imposición del señor Loaiza” pretendía recabar el acuerdo de la Corporación para instar al presidente de la Diputación a convocar “a la mayor brevedad” al Consejo para el Desarrollo Económico y Social de la provincia, un órgano que fue creado para servir de foro de debate y de propuesta de soluciones para abordar los principales problemas de la provincia y que “continúa durmiendo el sueño de los justos, sin haberse reunido en los dos últimos años”.

“El señor Loaiza no solo no está a la altura de lo que se espera del presidente de una Diputación y de un Consejo Económico y Social de una provincia que ha aumentado su desempleo en más de un 30 por ciento desde que él mismo accedió a la máxima responsabilidad de la institución gaditana por excelencia. Porque, no contento con no convocar ese órgano que reúne a los agentes sociales y a las instituciones y que debe servir de guía para dar respuesta a los principales problemas socioeconómicos, ahora ni siquiera admite que pueda debatirse en el Pleno sobre ese asunto. Esa es la verdadera medida del respeto que al señor Loaiza y al PP de Cádiz le merecen los 244.300 gaditanos y gaditanas que, según la Encuesta de Población Activa, no tienen empleo”, ha asegurado.

“Como ya ha sucedido en otras ocasiones en las que las propuestas del Grupo Socialista ponían en evidencia las políticas de su partido, el presidente de la Diputación prefiere hacer uso de una potestad legítima, como es establecer el orden del día de las sesiones plenarias, pero que habla a las claras de un escaso talante democrático”, ha destacado la portavoz y secretaria general. En esta misma línea, ha recordado que “en el Pleno del pasado enero, el señor Loaiza ya mostró algún ademán preocupante, cuando obligó a los Grupos de la oposición a compartir el tiempo de defensa de una propuesta conjunta que planteaba la necesidad de que la Diputación pusiera en marcha un plan de empleo financiado con fondos propios, y ello a pesar de que esa era la única iniciativa que no llevaba el sello del Gobierno”.

“Si el señor Loaiza fue capaz de reducir a cinco minutos el tiempo que cuatro Grupos políticos debieron compartir para defender una iniciativa para actuar sobre el principal problema social y económico de esta provincia, los gaditanos y las gaditanas ya saben a qué atenerse con esta Diputación. Pero la censura institucional a la que se somete ahora a la Institución, con el veto a dos propuestas en un solo Pleno, supone incluso un paso más en esta preocupante deriva antidemocrática. Porque, como insólito intento de amordazar a la oposición que es, roza ya los límites de lo inadmisible”, ha relatado. 

Irene García se ha preguntado por los “motivos ocultos” que el presidente de la Diputación debe tener para “hurtar también el debate de la propuesta socialista que pone el dedo en la llaga sobre la nueva tasa en concepto de tratamiento de residuos, creada a comienzos de este año y que los Ayuntamientos de San Fernando, Chiclana y Puerto Real deben aportar al Consorcio Bahía de Cádiz. “En los últimos días hemos escuchado manifestaciones de los distintos gobiernos locales hablando de la supuesta inaplicación de una tasa que afecta a viviendas, comercios y empresas, y que de forma global debe suponer unos ingresos de unos 10 millones de euros que deben salir de los bolsillos de los ciudadanos de esas localidades. Pero mucho nos tememos que esa inaplicación de una tasa con un único pago anual no sea tal, sino que realmente consista en una moratoria para pasarla al cobro después de las Elecciones Municipales”.

“El señor Loaiza no quiere que el Pleno de la Diputación conozca sobre unos posibles acuerdos entre los citados Ayuntamientos y el Consorcio Bahía de Cádiz. Y tampoco está dispuesto a escuchar en el seno de la Corporación si la decisión de no pasar al cobro una tasa legalmente establecida puede derivar en un ilícito penal por parte de quienes, no contentos con mantenerla oculta a ojos de los contribuyentes, pueden pretender no recaudarla con un mero interés electoralista”, ha señalado.

La secretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Socialista de la Diputación ha continuado afirmando que “si preocupante es la insistencia del señor Loaiza por entorpecer la labor de la oposición, no lo es menos su resistencia a ofrecer explicaciones sobre su ya de por sí exigua gestión”. Irene García ha censurado la “permanente búsqueda de vías de escape para evitar dar la cara y para eludir la dación de cuentas ante la oposición”, tanto del máximo responsable de la Corporación como del conjunto del Gobierno provincial del PP.

Y, en este sentido, ha finalizado recordando “un caso especialmente sangrante”. “A pesar de todas nuestras solicitudes y de la evidencia de que se trata, al menos, de un completo fracaso, seguimos sin conocer el destino de los 86 millones de euros que teóricamente iban a invertirse por parte de la Diputación entre los años 2012 y 2015 al amparo de un supuesto Marco Estratégico Provincial de Desarrollo Económico. A día de hoy, mientras esta provincia continúa batiendo todos los registros conocidos de desempleo, el señor Loaiza y su Gobierno siguen resistiéndose a revelar a dónde han ido a parar esos más de 14.000 millones de las desaparecidas pesetas”, ha concluido.

 


 

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